11 de julio de 2018 00:00

Consejo de la Judicatura detectó irregularidades en el sistema judicial  

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Redacción El Comercio

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El Consejo de la Judicatura (CJ) de Transición tiene un objetivo: erradicar “la lacra de la corrupción”, del sistema de justicia.

Así lo expresó ayer Aquiles Rigail, vocal de la entidad, quien dirigió una reunión con abogados del Guayas, en la Corte de Justicia de esa provincia. En esa cita, el funcionario aseguró que durante las primeras tres semanas de trabajo de esta Judicatura se han encontrado “cosas espeluznantes” que se hicieron en la anterior administración.

Entre las irregularidades denunció la supuesta venta de puestos, compra de puntos para favorecer a los candidatos en los concursos y se refirió al caso ‘chucky seven’.
“Estamos decididos a que jamás existan los famosos ‘chucky seven’ para que, enviando sentencias a los jueces listas para firmar, se perjudique a los usuarios”.

Este último hecho se refiera a la supuesta entrega de un ‘pendrive’ al exjuez Juan Paredes, en donde ya constaba la sentencia redactada sobre el juicio que siguió el expresidente Rafael Correa al diario El Universo, en el 2011.
Rigail reveló que los vocales de la Judicatura Transitoria hallaron un oficio enviado desde la Presidencia de la República en donde se ordenaba a los jueces no calificar acciones de protección constitucional cuando las demandas eran dirigidas en contra de instituciones del Estado.

“Es escandaloso, cuando los jueces admitían una acción en contra del Estado, la pena era el error inexcusable y eran destituidos sin esperar que un juez superior revise el caso”, agregó el vocal.
El pasado 4 de junio, el Consejo de Participación Ciudadana de transición cesó en funciones al CJ, presidido por Gustavo Jalkh y otros cuatro vocales. A ellos los acusó de “interferir en la Función Judicial para beneficiar a instituciones públicas”. Además, el Consejo de Participación resaltó que esos funcionarios “no tenían competencia para declarar el error inexcusable”.

Jalkh, durante su defensa en el Consejo de Participación, dijo que la Constitución determina que el CJ es el único órgano exclusivo y excluyente para aplicar sanciones disciplinarias a los administradores de justicia. Además rechazó que haya existido injerencia política en la justicia.

Hernán Ulloa, abogado de 150 jueces destituidos, señaló ayer que se reunió con el vocal de la Judicatura Transitoria, Juan Pablo Albán, y le planteó la posibilidad de que los exmagistrados sean restituidos en sus cargos. Sin embargo, no detalló los caminos legales que servirían para la reincorporación y precisó que aún están a la espera de una respuesta formal del organismo.

Por la vía legal, los jueces destituidos han apelado demandas ante el Tribunal Contencioso Administrativo y la Corte Constitucional para lograr su reincorporación. En esta vía ya se emitió un fallo, el 27 de junio pasado.

La Corte Constitucional sentenció que la exjueza Ivonne Núñez, de la Sala de lo Laboral de la Corte del Guayas, sea reintegrada en su puesto. En el 2016, la jueza fue destituida por supuestamente haber vulnerado el sistema informático judicial.
“Se eliminaron escritos en los que se solicitaba un recurso de ampliación y aclaración. Esto hizo que la sentencia de ese proceso se ejecutoríe sin haber cumplido el respectivo”, argumentó la Judicatura en ese entonces.
Ahora, la Corte Constitucional dice que existió la vulneración del debido proceso, pues a la exjueza se le privó de su derecho a la defensa en el trámite disciplinario.

La Judicatura, presidida por Jalkh, en su última rendición de cuentas del 2017 indicó que de los 2 083 jueces en funciones, 741 recibieron denuncias y 23 fueron desvinculados. Sin embargo, Human Rights Watch (HRW) reporta más de 145 jueces separados desde el 2013 al 2017.

Rigail habló también de losconcursos que habían sido suspendidos. Dijo que se los retomará en el corto plazo, pero adelantó que se cambiará el banco de preguntas porque era manipulado. “Y era entregado en muchísimas partes a quienes eran los privilegiados del poder político para que ganen los primeros puestos”. Refirió que esa reforma involucrará a gente especializada de la academia y de las universidades.

Agregó que también se eliminará el examen sicológico con el que, dijo, se bajaban puntos a los aspirantes con más alto nivel.

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