7 de mayo de 2018 14:40

Defensa de Iván Espinel desistió de apelar la prisión preventiva por caso de lavado de activos

César García, abogado de Iván Espinel, señaló que no apelarán a la prisión preventiva porque consideran que todo el proceso es inconstitucional. Foto: Mario Faustos archivo / EL COMERCIO

César García, abogado de Iván Espinel, señaló que no apelarán a la prisión preventiva porque consideran que todo el proceso es inconstitucional. Foto: Mario Faustos archivo / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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La defensa de Iván Espinel desistió de su recurso de apelación a la prisión preventiva en su contra por el supuesto delito de lavados de activos. Así lo dio a conocer la Fiscalía del Guayas la tarde de este lunes 7 de mayo del 2018.

Con ello, la Sala Penal de la provincia dejó sin efecto la convocatoria de audiencia prevista para mañana martes 8 de mayo. Una primera cita fue suspendida el pasado 2 de mayo tras la excusa de uno de los magistrados que conformarían el tribunal.

César García, abogado del exministro de Inclusión, refirió a este Diario que desistieron porque consideraron que todo el proceso, desde antes de la formulación de cargos, es inconstitucional.

“Nosotros sentimos como defensa que proseguir con esa apelación del auto de prisión preventiva era validar las inconstitucionalidades que se han cometido en la detención del doctor (Espinel). Hemos decidido buscar una vía más expedita porque no encontramos las garantías suficientes para continuar con esa parte del proceso”.

García no adelantó detalles de las supuestas inconstitucionalidades cometidas en el proceso ni sobre las nuevas acciones que tomarán por estrategia. Sin embargo, afirmó que están mirando alternativas que les permitan impugnar lo que consideran una vulneración de derechos de todos los actos de la Fiscalía.

La jueza Paola Dávila López, titular de la Unidad Judicial Multicompente de Samborondón, dictó prisión preventiva en contra de Espinel y Andrade Muñoz, el pasado sábado 7 de abril del 2018.

La jueza acogió el pedido de la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad de Lavado de Activos con sede en Quito, quien solicitó además la retención de dinero de las cuentas de Espinel, y la prohibición de enajenar una vivienda que se encuentra hipotecada y un vehículo de su propiedad.

La Fiscalía sostiene que Espinel recibió ingresos por USD 378 167 entre el 2010 y 2016, periodo en el que desempeñó diversos cargos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES). Pero en ese lapso el excandidato presidencial tuvo gastos por 669 670 según la Fiscalía, que acusó un desfase de dinero injustificado de USD 291 392.

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