El Gobierno no ha sido sensible a la creciente preocupación ciudadana por la judicialización del caso Teleamazonas. Por el contrario, la escalada de decisiones administrativas del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) contra ese medio llevan a concluir que detrás de una presunta “estricta vigilancia del cumplimiento de la ley” existe una estrategia claramente dirigida a silenciar a uno de los pocos espacios televisivos que, aparte de los errores que puede haber cometido, aún no se somete al poder vigente.
A diferencia de otros mandatarios que, al menos en el discurso, han tomado distancia de los organismos de control como condición básica de la convivencia democrática y el equilibrio de poderes, los hechos muestran que, en su manera de actuar frente a la prensa, el Presidente coordina con el Conartel y la Secretaría de Transparencia de Gestión para cercar a los medios que tratan de mantener independencia del poder político.
La escasa comprensión de los funcionarios gubernamentales acerca del rol de la prensa en una sociedad democrática, y el deseo de aplicar a rajatabla esquemas ideológicos que no corresponden a la realidad ecuatoriana, está haciendo mucho daño no solo a los medios y a sus audiencias sino al propio régimen que, paulatinamente, entra en una espiral de ensimismamiento, vanidad e intolerancia que pudiera dividir al país.
Siempre será importante aceptar que el trabajo de la prensa es de seres humanos y que, por tanto, es susceptible de cometer errores y caer en interpretaciones equívocas de la realidad. Pero también será esencial ratificar, como lo demuestra la historia, que todo régimen que atenta contra el principio de la libertad de expresión de los ciudadanos termina distanciándose de sus mandantes.