20 de noviembre de 2020 10:00

Centro Comité del Pueblo, del IESS, denuncia nueva inconsistencia sobre cifras de fármacos caducados

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En el Centro de Especialidades Comité del Pueblo, según un documento firmado por su Director Administrativo- el perjuicio es de USD 963,26. Foto: Captura Adrián Dugarte/Google Maps

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Valeria Heredia
Redactora (I)

Nuevamente, desde una unidad médica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) reaccionan ante las investigaciones sobre fármacos caducados. Se trata del Centro de Especialidades Comité del Pueblo, en donde -según un documento firmado por su Director Administrativo- el perjuicio es de USD 963,26. La cifra es inferior a la presentada por el presidente de la entidad, Jorge Wated.

A mediados de octubre, Wated, quien asumió en mayo la dirección del IESS, anunció que se detectaron más de USD 5,7 millones en fármacos vencidos. El monto más alto, dijo, está en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), con USD 2,5 millones. En segundo lugar, ubicó a este dispensario médico del norte de Quito, con USD 547 027,22.

Juan Páez, gerente del HCAM, ya aclaró que esa cifra no era correcta. Y recordó que hace más de un año denunció en Fiscalía que halló insumos caducados por USD 7 millones, del 2012 al 2018.

Ahora, Ángel Vega y Pablo Neira, anterior y actual directores administrativos del Comité del Pueblo- presentaron aclaraciones sobre las medicinas que caducaron entre 2016 y 2020. La pérdida: USD 898,68. Se encontraron tres fórmulas expiradas en bodega: alquitrán (champú o ungüento), peróxido (antiinflamatorio) y tropicamida (gotas oftálmicas), según el Memorando Nro. IESS-CE-CP-DA-2020-1522-M, del 19 de octubre, firmado por Neira.

Estos fármacos expiraron en febrero del 2016. No pudieron ser canjeados por las empresas de forma directa.

El motivo es que estos productos fueron ingresados mediante “traspaso de otras unidades y su origen fue una compra centralizada”, señala Ángel Vega, ex director Administrativo del sanatorio. Esto -anota- significa que solo el centro que adquirió la medicina puede gestionar su cambio.

“El dispensario se creó en el 2015, por lo que para abrir recibió productos de otros. En varias ocasiones enviamos documentos para que realicen los canjes, no hubo respuesta”, dice. Y también que antes de la pandemia se realizaban cerca de 30 000 atenciones en consulta externa, al mes.

En este año -reconoce Vega- sí se reportaron fórmulas caducadas; ocho vencieron entre marzo y octubre. El valor del perjuicio es de USD 64,58. “El monto general sería 963,26; inferior a lo mencionado por Wated”, por lo que, en una carta, le pidió aclararlo.

El 19 de octubre, este Diario pidió información al Seguro Social sobre las inconsistencias. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

El lunes, el Gobierno presentó su plan para la compra unificada de medicinas, a cargo del Servicio de Contratación Pública (Sercop).

Esto consta en el Decreto Ejecutivo 1033, con fecha del 5 de mayo, que reforma el Reglamento a la Ley que regula este tema. Eso implica la contratación del servicio de almacenamiento, distribución y entrega de fármacos y bienes sanitarios. El 4 de enero empezará la subasta inversa corporativa de medicamentos, para licitar 312 fármacos.

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