9 de diciembre de 2020 10:16

Human Rights Watch alerta de 'altos niveles de violencia sexual' en escuelas y colegios de Ecuador; 4 221 estudiantes afectados desde el 2014

Imagen referencial. Human Righs Watch denunció este 9 de diciembre del 2020 que Ecuador "ha fallado en su obligación de proteger a niños y adolescentes de la violencia sexual en los planteles". Foto: Pikist.

Imagen referencial. Human Righs Watch denunció este 9 de diciembre del 2020 que Ecuador "ha fallado en su obligación de proteger a niños y adolescentes de la violencia sexual en los planteles". Foto: Pikist.

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Redacción Elcomercio.com
Mariela Rosero

Desde la etapa preescolar hasta la secundaria, miles de niños y adolescentes ecuatorianos han sufrido violencia sexual en el Ecuador. Así lo denuncia un reporte de Human Rights Watch (HRW) hecho público este 9 de diciembre del 2020 que señala que en el país, "las políticas y protocolos no son implementadas adecuadamente por muchas escuelas, la Fiscalía y la Judicatura". 

Las conclusiones fueron obtenidas de un reporte de 75 páginas que lleva por título: 'Es una lucha constante: violencia sexual relacionada al ámbito educativo y jóvenes sobrevivientes luchan por la justicia en Ecuador'. En él se recoge además "los obstáculos que las jóvenes víctimas y sus familias enfrentan en la búsqueda de la justicia". 

El informe recoge testimonios como el de Fabián Salguero, padre de un niño de cinco años que fue violado por un profesor en una escuela pública de Quito, en el 2018. "Este es el dolor que uno tiene. Yo no solo lucho contra el abusador de mi hijo y su abogado. No. Es una lucha constante contra todo el sistema educativo fiscal, es una lucha constante. Nos dicen (desde la escuela y la fiscalía) que nos dan facilidades. Pero a la hora del té pues nada", dice este padre de familia.

Son, según los datos del Gobierno que fueron analizados por HRW, 4 221 estudiantes los que han sido víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo. La Organización no Gubernamental entrevistó a 83 personas, entre los que están sobrevivientes, sus familiares, abogados y fiscales desde septiembre del 2019 hasta septiembre del 2020 y analizó 38 de los casos registrados y la data oficial sobre el tema. 

Violación y abuso sexual, el obligar a los niños a realizar actos sexuales en las instalaciones de los centros educativos o en los patios de las escuelas, se registran en los casos documentados. "Los estudiantes también abusaron sexualmente, acosaron y llevaron a cabo actos de violencia sexual en línea contra otros estudiantes", dice el reporte. 

Los sobrevivientes se enfrentan a acoso, 'bullying' e intimidación tras denunciar los abusos. Estos actos vienen de los docentes, directores, familiares de los perpetradores y las asociaciones de padres de familia de los propios colegios. 

El reporte señala que docentes, trabajadores del colegio, conserjes y conductores de buses han cometido actos de violencia sexual contra estudiantes de todas las edades. Entre las víctimas hay niños con discapacidad.  Según HRW, los ataques ocurren tanto en centros de educación públicos como en privados. 

El reporte registra casos desde el año 2014 y reconoce que si bien el Estado "ha dado importantes pasos para hacer frente al problema y acelerar la justicia" desde el 2017, esto no ha sido suficiente para frenar  los abusos. 

Ecuador, dice Elin Martinez, investigadora senior de derechos de los niños de HRW y autora del informe, "ha fallado en su obligación de  proteger a muchos niños y adolescentes de la violencia sexual relacionada al ámbito educativo, impactando en sus vidas enteras, incluyendo sus derechos a la educación y a la reparación de sus derechos sexuales y reproductivos". 

El informe alerta que las "brechas", que existen tanto en los sistemas educativos como judiciales del país ,"dejan a muchos niños y adolescentes desprotegidos, expuestos a abusos horrendos, estigmatizados por reportar los abusos y bajo el riesgo de volver a ser traumados". 

Pero no se trata de algo nuevo, dice HRW, la violencia sexual en el ámbito educativo ha sido un problema generalizado que data desde hace varios años en las instituciones educativas ecuatorianas. Pero su magnitud no se hizo pública sino hasta el 2017, año en el que la Asamblea Nacional instauró una comisión para investigar los casos.

Ese año se instauró la comisión Aampetra, que analizó los casos de violencia sexual en el sistema educativo. El nombre de la comisión se refiere a un caso de abuso sexual de 41 niños en un colegio privado del sur de Quito. 

La comisión presentó un informe en el que señaló que exministros que fueron posicionados en el gobierno de Rafael Correa "no abordaron la violencia sexual" en los centros de estudio. 

Si bien en el 2017, el gobierno de Lenín Moreno habló de una política de "cero tolerancia" ante los casos y se hicieron públicos datos que mostraron la gravedad del problema, HRW "encontró severas brechas en para llevar a cabo esta política y asegurar el cumplimiento de sus protocolos vinculantes".

Los esfuerzos, dice el reporte, se ven afectados por "una falta de consejeros y psicólogos escolares", que son "elementales al momento de detectar y reportar los casos". 

En algunos colegios, "los consejeros tienen poco apoyo y son los propios profesores, directivos de las escuelas y autoridades quienes los disuaden de presentar las quejas". Asimismo, "el Gobierno parece haber fallado en hacer cumplir sus políticas en las escuelas privadas"

La búsqueda de justicia, otra traba para las víctimas y sus familias

"Los procesos judiciales son ocasionalmente retrasados y no siempre se llevan a cabo pensando en los mejores intereses de los niños y adolescentes", concluye Human Rights Watch con base en un análisis de datos de la Fiscalía que muestra que "entre el 2015 y el 2019, solo el 3% de los casos de violencia sexual fueron a juicio". 

Las familias, en su mayoría, sintieron que debían luchar para obtener justicia en sus casos y, en algunas ocasiones "agotaron sus recursos financieros, afectando la salud mental y el bienestar de todos sus miembros". 

El informe pone como ejemplo lo sucedido con Paola Guzmán Albarracín, que en este 2020 se convirtió en el primer caso de violencia sexual en el ámbito educativo que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).  

La Corte IDH analizó el caso 18 años después de la muerte de Paola, quien se quitó la vida tras haber sido víctima de abuso sexual por parte del rector de su colegio, y condenó a Ecuador por no actuar frente a la violencia sexual escolar que terminó en el suicidio de la adolescente, que tenía 14 años al momento de su muerte. 

El país fue condenado a dar una reparación integral a la familia de Paola y ofrecer una ceremonia pública de alto nivel para reconocer públicamente sus responsabilidades que debe efectuarse hasta este mes. 

¿Qué se puede hacer al respecto?


HRW señala que, antes de dejar la presidencia en el 2021, el presidente Lenín Moreno "debería asegurarse de que todas las medidas que la Corte IDH ordenó en junio sean efectuadas o estén en curso de serlo con los períodos de tiempo que fueron establecidos por la corte". 

Asimismo sugiere que el Primer Mandatario de una disculpa pública a todos lo sobrevivientes de la violencia sexual en el ámbito escolar y que su gobierno "debe establecer rápidamente un fondo nacional de reparaciones para los sobrevivientes de violencia sexual, con un sistema de monitoreo para garantizar que las instituciones gubernamentales cumplan plenamente con las órdenes judiciales nacionales"

A largo plazo, el país debe "adoptar una agenda estatal de tolerancia cero con un fuerte énfasis en prevenir nuevos casos y responder adecuadamente a los que ocurren", señaló HRW que instó al Gobierno a "aumentar los recursos para prevenir y responder a la violencia sexual en las instituciones educativas y restablecer los presupuestos de sus políticas nacionales para prevenir la violencia de género y los embarazos de adolescentes". 

Asimismo, la organización señaló que el país debe aumentar y asegurar el apoyo a los consejeros escolares y psicólogos y "garantizar que todas las escuelas públicas y privadas sean igualmente responsables de denunciar los casos de violencia sexual y garantizar que todas las denuncias se investiguen adecuadamente". 

Del lado de las instancias judiciales, HRW señala que "deben garantizar que los procedimientos se adapten adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes y apoyen a sus familia respetando sus derechos a un juicio justo y a la justicia restaurativa". 

El país, concluye el informe, ha tomado "importantes" acciones en los últimos años respecto a los casos de violencia sexual en el ámbito educativo. No obstante es importante un enfoque en la prevención para evitar que más casos se presenten.

"Todos los maestros y funcionarios escolares y gubernamentales deben proteger a los estudiantes y garantizar que los niños y adolescentes se sientan seguros en las escuelas para hacer realidad la tolerancia cero". 

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