Personal de las Fuerzas Armadas realizó un operativo de control de armas en el sector del parque La Alameda. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO
Los soldados tenían chalecos antibalas, cascos y fusiles. El jueves 6 de febrero del 2020, a las 16:00, llegaron en un camión militar al parque La Alameda, en el centro de Quito, para realizar un control de armas y de municiones.
El 56% de las muertes violentas en el país se comete con armas de fuego, según cifras oficiales de la Policía.
Así murió Mariana Granja, de 68 años, tras resistirse a un asalto en la avenida Amazonas, en el norte de la capital. El hecho ocurrió el sábado 1 de febrero.
El jueves 6, los soldados tenían como consigna hallar armas de fuego y cuchillos que podrían ser usados en asaltos.
En la avenida 10 de Agosto colocaron conos y cerraron un carril. Uno de los uniformados escogía los vehículos, de forma aleatoria, y pedía a los conductores que se detuviesen.
“Buenas tardes, señores. Somos personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y estamos haciendo un control de armas para garantizar su seguridad”, decían dos militares a los conductores y pasajeros.
Luego les pedían que bajaran del vehículo y revisaban debajo de los asientos, en la cajuela, en la caja de marchas y en las mochilas de los pasajeros. En una hora revisaron 47 automóviles, 13 motos y no encontraron ninguna irregularidad.
Hasta septiembre del 2019, en este tipo de operativos se incautaron de 4 265 pistolas y revólveres. Solo en enero de este año aprehendieron 26 armas y 1 143 municiones, en el país.
El último decomiso ocurrió el pasado 16 de enero, durante una intervención en Latacunga, en Cotopaxi. Dos personas que se movilizaban en moto arrojaron una mochila y huyeron. Militares hallaron dos armas de fuego y 157 balas ocultas en esa maleta. En septiembre del 2019, soldados se incautaron de cinco revólveres artesanales que estaban escondidos en el compartimento de una motocicleta. Este hallazgo ocurrió en Quevedo, Los Ríos. Tres meses después, en esa misma provincia confiscaron ocho revólveres.
Pese a los controles, las cifras oficiales muestran que desde el 2018 hay un incremento en el uso de pistolas, revólveres, cartucheras, etc., en los homicidios.
Un caso ocurrió en noviembre del 2019, un joven de 27 años recibió dos impactos de bala y murió en el sector de San Carlos, en el norte de Quito. El hecho sucedió en la noche. Dos hombres interceptaron a la víctima en la puerta de su casa. Le apuntaron con una arma y le exigieron que entregara su celular. El joven se resistió y le dispararon.
Un crimen similar se dio un mes después, en el sur de Guayaquil. Dos sospechosos le dispararon a un hombre para robarle su teléfono, cuando la víctima se subía a un bus. Otro hecho ocurrió en Los Ríos, un hombre asesinó a un guardia para quitarle su pistola.
Históricamente, los militares han salido a las calles desde el 2010, pero en febrero del 2018 los operativos se intensificaron, luego de que el presidente Lenín Moreno dispusiera a policías y militares aumentar los controles e intervenciones para mejorar la seguridad.
Desde entonces, las FF.AA. dicen que los controles se realizan a diario y en diferentes sectores de cada ciudad. Por ejemplo, el jueves se ejecutaron 13 operativos en el parque El Ejido, San Roque, el bulevar de la 24 de Mayo. En el primero se hallaron cuatro cuchillos. Para la Policía, el control de armas también es prioridad.
El comandante general, Patricio Carrillo, ofreció “cerrar el acceso a las armas” y habló de la necesidad que existe de conformar una “estructura de Inteligencia” para rastrear a las redes criminales que proporcionan el armamento.
Las investigaciones que se han realizado hasta el momento apuntan a que las organizaciones delictivas se abastecen de pistolas desde el Perú.
Al país llegan en piezas. Los denominados armeros se encargan de ensamblarlas.
La Policía ha identificado a 80 personas que se dedican a esa actividad, principalmente en Guayas, Pichincha, Esmeraldas, Carchi y El Oro.
Agentes aseguran que las bandas adquieren las armas artesanales a USD 150. En cambio, una pistola comprada de forma legal y con documentos puede costar USD 2 000.