No deja de ser hipócrita que las filtraciones “wikileaks” estén sirviendo de pretexto para atacar a los Estados Unidos, como si fuese el único Estado que ha recibido reportes de sus misiones diplomáticas. Si se abriesen los archivos de Rusia, China, Cuba, por citar algunos países, los documentos revelados pasarían a segundo plano, por las sorpresas que encontrarían sus corifeos en el tercer mundo. La diplomacia siempre ha operado desde el secreto. Las negociaciones internacionales no serían viables si se las hicieran en foros públicos. El “espionaje coctelero”, como diría el Presidente Correa, ha sido un medio usado desde que hay relaciones interestatales. Los diplomáticos expresan opiniones personales, que no siempre coinciden con las de sus Cancillerías, y mandan notas comentando hechos o personas, sin que se conozca el contexto. Antes de ofrecer asilo al señor Assange, el señor Kintto Lucas debería revisar los archivos del Ministerio en el que trabaja y hacer una depuración, antes de que un “hacker” local publique sus mensajes y los que su jefe ha recibido.
El problema creado por los “wikileaks” es más de fondo y conceptual que lo que los documentos revelan. En el mundo se ha abierto el debate sobre el alcance de la libertad de expresión. Nadie discute el derecho de los diarios para difundir los documentos que recibieron de Assange. La discrepancia gira en torno a si Assange ha cometido un delito al transferir a ciertos periódicos la información que recibió de un tercero, que la obtuvo en forma ilícita. El criterio que va tomando más peso sostiene que el intermediario no es responsable y que el único culpable es el pobre cabo del ejército que al pulsar una tecla se encontró con los secretos de su Estado y los pasó a “wikileaks”. Unos afirman que la libertad de expresión está sobre la seguridad de los Estados, porque los ciudadanos tienen el derecho de conocer cómo se maneja la política exterior. La democracia es transparencia, dicen, y las relaciones internacionales no constituyen excepción. Otros afirman que no es aceptable el uso de medios ilícitos para obtener información, sea pública o privada, y que es obligación de los Estados proteger sus intereses. Más aún cuando la divulgación de ciertos datos puede causar daño irreparable a terceras personas, como son los disidentes en países autoritarios o los infiltrados en la lucha contra la droga o el terrorismo.
Lo cierto es que “wikileaks” está cambiando la relación entre los gobiernos y los ciudadanos, quienes cada vez serán más exigentes y pretenderán participar en las decisiones gubernamentales. Y también es cierto que los grandes vencedores son los medios de comunicación, los medios corruptos, sin los cuales los documentos “wikileaks” habrían permanecido en los cajones del señor Julian Assange.