Los parlantes donde tradicionalmente se escuchaba música alegre, como salsa o reggaeton, en la Calle 8, del Cristo del Consuelo, han dejado de sonar desde el estallido de la bomba que arrancó la vida de cinco personas y dejó heridas y mutiladas a otras 17, el pasado 14 de agosto.
Atrás quedaron la algarabía de los fines de semana, las risas y los farrones que se vivían en plena calle. Hoy reina el silencio. Tanto de los vecinos que no quieren hablar de lo ocurrido, como del barrio, donde llegan esporádicamente autos y tricimotos que trasladan a los vecinos que aún esperan ayuda.
Desde la fecha del estallido, Monica Medina, madre de Roxana Montaño, una de las cinco víctimas, espera ser reubicada. Pasa estos días en casa de un familiar. Usa gafas permanentemente. Las heridas que mantiene cerca de los ojos, de los impactos de la explosión que recibió mientras dormía, siguen frescas. No puede trabajar en la cocción y venta de morocho, que la mantenía.
Pasa igual con el padre de la activista por los derechos humanos Scarlett Chóez. “Perdió un ojo el día de la explosión y ha quedado en cama desde entonces”, narra sobre su progenitor.
Ninguno de ellos ha recibido ayuda del Ministerio de Inclusión, que prometió un bono de contención y ha explicado a EL COMERCIO que solo se han habilitado a 15 beneficiarios para recibir un pago de USD 265. Las familias consultadas por este medio no han sido notificadas ni han recibido visitas.
Casas por caer y familias sin techo
Cada día, Inés (nombre protegido) llega de 09:00 a 16:00 a sentarse en el portal de su casa para ver si, de casualidad, recibe la visita de las autoridades. Su casa, en la que habitó por 30 años, es una de las 12 que quedaron afectadas por la explosión. Debió desalojar. Hoy vive con sus hijos en una ciudadela de Durán.
Sentada entre los escombros que aún quedan suspira. Le cuesta aceptar que la casa que construyó con el fruto de su trabajo, puño a puño, bloque a bloque, solo dejó de ser un día. Le cuesta creer que, pese a las promesas, ninguna autoridad se ha hecho presente para presentar opciones de habitabilidad.
Pasan los días y ella, de 09:00 a 16:00, mantiene, sin embargo, la esperanza de ver llegar alguna opción. Esto pese a que en un comunicado el Municipio aseguró que ha ofrecido a quienes perdieron todo ser reubicados en el programa habitacional Valle Esperanza. “Ni Municipio ni Gobierno. Nos dejaron desamparados”, se queja.
Igual piensa Leida Guerrero. Ella, al contrario de sus vecinos, no pretende moverse de su casa destartalada, que queda justo al lado del hogar de Roxana (+), la villa más afectada de la explosión.
“No me voy porque no tengo dónde. No me voy porque este es mi hogar. No me voy porque dijeron que nos iban a ayudar. Mi casa ya mismo se cae. Seguiré aquí”, insiste.
Miedo a una nueva explosión
Shirley Castillo mira con nostalgia su barrio en silencio. Un letrero la recibe cuando llega del trabajo. “Queremos solución”, reza con marcador negro la cartulina celeste ubicada en una reja que se ha colocado atravesando la calle.
Dos policías custodian la zona desde una camioneta, en horario de oficina. Otros tantos pasean el barrio en busca de información. Nadie habla, pero todos coinciden en que tienen miedo a que esto se repita.
Un total de 11 allanamientos de han realizado a propósito del atentado. Hay cinco detenidos, pero ninguna respuesta aún. El Gobierno ofrece USD 10 mil por información. La Policía ha explicado que la guerra del narcotráfico motivó el hecho.