16 de octubre de 2018 00:00

‘Guacho’ y 26 colaboradores son procesados por terrorismo

Los disidentes son indagados por el ataque al cuartel de San Lorenzo, hoy reconstruido. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Los disidentes son indagados por el ataque al cuartel de San Lorenzo, hoy reconstruido. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Redacción El Comercio

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El juez Óscar Corozo escuchó ayer (lunes 15 de octubre del 2018) los argumentos del fiscal Wilson Toainga, en el proceso legal por terrorismo que se sigue en contra de alias ‘Guacho’ y 26 personas, que aparentemente colaboraban con el cabecilla del Frente Óliver Siniterra.

La audiencia preparatoria de juicio comenzó pasadas las 08:30 y se desarrolla en la Unidad Penal, que está ubicada en la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC), en el sur de la ciudad de Esmeraldas.

Hasta ese sitio acudieron familiares de los detenidos, quienes desde hace siete meses permanecen en cárceles como la de Latacunga.

El fiscal Toainga presentó las pruebas que sustentan su acusación. Pero el abogado de siete de los 27 procesados, Segundo Caicedo, aseguró que el fiscal presentó pruebas “según su conveniencia”.

Mientras se desarrollaba la diligencia, familiares de tres personas detenidas en la población de Ricaurte, dijeron que las capturas se realizaron sin prueba alguna, “argumentando una supuesta triangulación de llamadas telefónicas”.

Según los investigadores, las comunicaciones estaban dirigidas a un hombre que tendría vínculos con alias ‘Guacho’.

El padre de uno de los aprehendidos sostuvo que la audiencia de ayer se produjo “en medio de incertidumbre”, porque no saben qué pasará con sus parientes.

“Mi hermano era guardia de seguridad en el colegio del milenio de Ricaurte. El fue arrestado el 16 de marzo, mientras descansaba en su casa de Ricaurte”, dijo una mujer.

En el grupo de los 27 también están hombres que fueron interceptados en la población fronteriza de Mataje.

Los familiares de los detenidos en ese poblado prefirieron no hablar del tema. El abogado Caicedo explicó que hasta ayer no sabía de qué se acusaba a sus defendidos.

Según el jurista, al menos siete capturas se produjeron por posible lavado de activos. “Luego aseguraron que era por asociación ilícita, después por delincuencia organizada y ahora por terrorismo”.

Hasta el cierre de esta edición, la diligencia judicial continuaba en una de las salas de la Unidad Penal de Esmeraldas.

La audiencia se trasladó a ese lugar, para evitar cualquier incidente. De hecho, los judiciales de San Lorenzo dicen que tienen seguridad, pero que trabajan con un “alto nivel de riesgo”.

El director del Consejo de la Judicatura en Esmeraldas, Fernando Otoya, reconoce que los funcionarios judiciales están más expuestos cuando salen de sus labores y, por ejemplo, viajan a otras ciudades.

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