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El Gobierno ya cree en la SIP

Marco Arauz Ortega. Subdirector

En su denuncia contra diario Expreso, el Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, ha reconocido a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como un espacio al cual dirigir quejas sobre la libertad de expresión. Buena noticia, pues el Gobierno había hecho todo por deslegitimar al organismo e incluso propuso crear un ente  paralelo en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

El funcionario mencionó también  la Declaración de Chapultepec, que defiende, entre otras cosas, el derecho a buscar y recibir información, a expresar opiniones y a divulgarlas con libertad. Seguramente, esto significa que el Gobierno piensa suscribir el documento y que está abierto a que la SIP analice los innumerables casos en los cuales los ministros se niegan a responder a medios no gubernamentales, sin respetar la Ley de Transparencia.

Pero la denuncia de  Alvarado es inconsistente. ¿Qué tiene que ver la acción que los reporteros de El Ciudadano quisieron ejercer con dos periodistas de Expreso con los objetivos del Sistema Oficial de Comunicación que, según Alvarado, tiene “la finalidad de proporcionar información directa, precisa y de calidad, desde la fuente, para que sirva como una herramienta de consulta para los medios privados, tanto nacionales como internacionales (…), además como una forma de contacto directo con los ciudadanos”?

Dar información es una cosa; fiscalizar y juzgar es otra. Y si se trata de ejercer el derecho a una aclaración o rectificación -como lo señala bien uno de los periodistas involucrados en la denuncia oficial, Juan Carlos Calderón- hay un procedimiento constitucional. El Gobierno no es juez de los periodistas no gubernamentales.

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