El debate sobre la Pro forma 2019 en el Pleno de la Asamblea. Foto: Flickr Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional tiene hasta el 21 de este diciembre del 2018 para debatir el nuevo texto de la Pro forma que fue enviada el lunes, 1o de diciembre, por el Ejecutivo.
El Pleno devolvió el documento con 17 observaciones. El Ministerio de Finanzas anunció en un comunicado que acogerá nueve recomendaciones efectuadas por los legisladores. Estas se relacionan con las proyecciones del precio del crudo, la asignación para universidades, los ajustes al recorte de gasto corriente (especialmente salarios).
En la Pro forma también se reasignarán USD 79 449 para el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana y USD 156 998 para el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades.
Finanzas indicó además que se asignarán USD 7,71 millones al Consejo de la Judicatura y 6,69 millones a la Fiscalía General del Estado, para responder al pedido del Legislativo de garantizar los recursos para la ejecución de servicios de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres.
Otras recomendaciones de los asambleístas se relacionan con la publicación de los datos de deuda pública, los cuales, según Finanzas, están disponibles en la página web de esta Cartera de Estado.
Además, se informó que las asignaciones a los GAD se encuentran incluidas en la Pro forma. Los legisladores también pidieron que Finanzas incluya en el presupuesto los recursos por la venta de acciones de las empresas eléctricas donde son accionistas los GAD. Finanzas respondió, sin dar mayores detalles, “que se está estructurando un proyecto de inversión”.
En la Pro forma ajustada también se ratifica la asignación de USD 350 millones para las compensaciones jubilares.
El Legislativo pidió al Fisco comunicar el plan de pagos de forma semestral y Finanzas respondió que informará periódicamente sobre este tema.
Finalmente, la Asamblea pidió la emisión del Reglamento de la Ley de Fomento Productivo que, de acuerdo con el Fisco, está en su etapa final de construcción y se publicará en los próximos días.
De los puntos acogidos, el principal se relaciona con el precio del petróleo para el 2019, el cual se ajustó debido al comportamiento evidenciado en el mercado internacional de petróleo y a los resultados de la reciente reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
El Gobierno se ratificó en temas como la clasificación como ingreso permanente de USD 1 000 millones por nuevas concesiones y señaló que sí cumple con el aumento en las asignaciones para educación y salud (ver recuadros).
Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, señaló que los ingresos por concesiones no se deben considerar como permanentes, ya que “no siempre van a estar en el presupuesto”.
Respecto a los temas de salud y educación, Ortiz explicó que Finanzas no ha cumplido con la asignación establecida por la Constitución, ya que el aumento debe hacerse con respecto al presupuesto inicial del 2018, pero Finanzas compara el dato con el dato actualizado hasta septiembre.
Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), señaló que fue acertado por parte del Gobierno revisar los ingresos de la Pro forma, que estaban “sobreestimados”. “Estaban presupuestando ingresos altos cuando la economía ecuatoriana está en recesión y cuando el precio del petróleo disminuye”, comentó el directivo.
Revisión de los subsidios en el 2019
La Asamblea pidió al Ejecutivo presentar un plan si no se cumplía con la previsión del precio del petróleo, que estaba estimado en USD 58,29 en la Pro forma 2019. Ante esta observación, Finanzas redujo la estimación del precio del crudo a USD 50,05.
Pero para mantener los ingresos petroleros y no incrementar las necesidades de financiamiento, el Gobierno señaló que analizará la optimización de los subsidios a los combustibles el próximo año.
Finanzas señaló que la meta es bajar USD 613 millones del monto de compra de derivados propuesto, que es USD 4 841 millones.
Mayor ajuste de la masa salarial
En la Pro forma ajustada, el Gobierno plantea una reducción de USD 135 millones adicionales en gastos de personal de las entidades del sector público.
En el documento inicial, el Ejecutivo planteó recortar USD 70 millones. Ahora el total de la optimización será de USD 205 millones en masa salarial durante el próximo año.
En sus recomendaciones, la Asamblea instó a la función Ejecutiva continuar con los procesos para mejorar la eficiencia y la transparencia en el uso y gestión de los recursos públicos, para disminuir el gasto corriente.
Monto del 40% del IESS en revisión
Para el 2019, el Gobierno debía volver a entregar la cuota del 40% del monto de pensiones jubilares, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
La Asamblea pidió al Ejecutivo establecer un mecanismo ágil y transparente en el primer trimestre de 2019 para la transferencia de los recursos.
Finanzas indicó que se está validando y depurando la información del aporte. “Una vez determinados los montos, se procederá con las acciones respectivas para su reconocimiento en el presupuesto, en caso de que estas sean superiores a las establecidas en la Pro forma”.
Áreas de educación y salud sin ajustes
El Ejecutivo se ratificó en que ha cumplido con la norma constitucional de aumentar el 0,5% del PIB para educación y salud.
La Asamblea recomendó que la inversión en el sector educación contemple el tema de infraestructura educativa. También que se garantice las asignaciones presupuestarias de salud en temas de adicciones, la cobertura de la atención médica y la provisión de medicamentos.
El Gobierno cedió en la reasignación de recursos en favor de las universidades y escuelas politécnicas públicas, manteniendo los valores globales del presupuesto del 2018.
Concesiones no tienen cambios
Otro punto en el que el Gobierno no cedió y que fue cuestionado en el Pleno fue en los USD 1 000 millones por nuevas concesiones, que siguen considerados como ingresos permanentes.
La Asamblea pidió revisar la clasificación de estos ingresos, en cuanto a su condición de permanentes o no permanentes.
Finanzas explicó que la categorización “está acorde con los manuales internacionales de clasificación de ingresos corrientes, ya que se basan en contratos de un período mayor a 10 años, en donde el Estado no pierde la propiedad de los bienes”.