Miguel García (centro), vocero de funcionarios públicos asistió a Carondelet. Foto: Vanessa Silva / EL COMERCIO
Un grupo de medidas económicas anunciadas el martes 10 de marzo de 2020, con las que el Gobierno espera obtener USD 2 252 millones, aún se pulen, mientras otras dependen de las negociaciones que el Ejecutivo lleve a cabo con la Asamblea, con acreedores y con los representantes de los trabajadores.
A más de ese monto, USD 2 060 millones se esperan por financiamiento.
La caída del precio del crudo y la desaceleración económica por la expansión del coronavirus motivaron al Gobierno a presentar el martes un paquete de medidas que involucran austeridad, cambios tributarios y más deuda.
Los anuncios del Régimen no calmaron a los mercados internacionales. Ayer, el indicador de riesgo país se ubicó en 3 245 puntos, 366 puntos más que en la jornada previa.
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, señaló que algunas de las decisiones serán temporales, mientras la volatilidad del precio del crudo afecte a los ingresos de la Caja Fiscal.
Entre las medidas temporales estarían el aporte que harían los trabajadores públicos de un porcentaje de su salario, que todavía no se define, y el 5% que se cobraría a vehículos avaluados en más de USD 20 000.
Para que el Fisco consiga los USD 220 millones que se espera de este impuesto para los autos, la Asamblea debería aprobar la reforma urgente que se enviará. En ese texto se incluirán los ajustes al Código de Planificación y Finanzas Públicas para plantear un seguro petrolero, más control presupuestario, techos al gasto, entre otros.
Para Daniel Baquero, economista de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), los anuncios del Gobierno son una reacción que evidencia la desesperación ante la caída de ingresos, “pero presentan soluciones temporales para los problemas económicos de fondo”.
Añadió que la decisión de eliminar la subvención a las gasolinas y plantear un incremento al IVA son ideas que debieron tomarse en cuenta.
La focalización del subsidio a la gasolina extra se llevará a cabo entre mayo y julio, cuando se implemente un nuevo sistema tecnológico en las gasolineras, detalló Martínez.
Sin consenso el aporte de funcionarios
El porcentaje que los servidores públicos tendrán que aportar de sus salarios aún no está definido. Ayer en la mañana hubo una reunión entre autoridades y dirigentes de varios sindicatos de funcionarios. El encuentro, que duró más de dos horas, terminó sin consensos.
Voceros de los gremios descartaron que se vayan a hacer descuentos del 4% y 8%, a quienes ganen más de USD 801, como circuló el martes en un documento por redes sociales.
Las propuestas van desde aplicar el descuento también a los trabajadores privados hasta la posibilidad de reducir la jornada laboral como compensación al aporte.
Así lo mencionaron Édgar Sarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador; Iván Peñaranda, titular de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados; y Richard Gómez, vocero de la Central Unitaria de Trabajadores, quienes participaron de la cita. El Gobierno debe, además, definir si habrá excepciones en la aplicación.
El Frente Unitario de Trabajadores no aceptó la invitación, rechaza las medidas y no descarta acciones.
Más deuda, con mejores condiciones
El Gobierno espera concretar una operación por USD 2 000 millones de nueva deuda. Los recursos vendrían a finales de mes o en abril, y serían de un financista con el que Ecuador ya tiene compromisos. De ese monto, USD 400 millones se usarán para prepagar una línea de financiamiento con ese grupo.
Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, dice que conseguir deuda para prepagar compromisos adquiridos ayuda a liberar presiones para la Caja Fiscal y no crece la deuda.
Una segunda estrategia es negociar con el Gobierno de China mejores plazos de pago de los vencimientos de la deuda que Ecuador mantiene con este país. Además, se buscarán nuevas operaciones con el gigante asiático.
Finanzas estima que el nuevo endeudamiento tendrá tasas menores al 10%, en momentos en que el riesgo país viene escalando de forma acelerada. El indicador mide las probabilidades de un país de caer en cesación de pagos de sus obligaciones.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se mantendrá; se buscará financiamiento contingente. El cronograma de nuevos desembolsos aún se pule.
El recorte al gasto se va a intensificar
El gasto en el presupuesto se recortará en casi 1,4% del PIB. Esta medida depende solo del Ejecutivo.
Los gastos en bienes y servicios de consumo, que abarcan pago de viáticos, consultorías, servicios de limpieza y guardianía en las instituciones públicas se reducirán en USD 845 millones. Para este año, el Fisco tenía presupuestados alrededor de USD 2 106 millones para este tipo de egresos, por lo que el ajuste representaría una merma de 40% del total.
En la cuenta bienes y servicios de consumo también se registra el gasto por importación de derivados, que reducirá mientras el crudo siga con precios bajos.
El gasto de inversión, que ha sido uno de los rubros que más se ha reducido durante este Gobierno seguirá siendo una variable de ajuste. Se espera recortar en USD 535 millones los egresos de bienes de capital, como maquinarias, tractores y otros equipos para ejecutar obras.
Hasta febrero pasado, el gasto de inversión fue de USD 415 millones. Si se compara con febrero del 2014, uno de los picos más altos de inversión, el gasto en este rubro fue USD 1 504 millones.
Eliminación de entes espera un Decreto
Los pormenores de la fusión y eliminación de al menos 16 entidades públicas aún no son aclarados, salvo los casos de cierre de la Secretaría de Juventudes y de la Empresa de Medios Públicos. El Gobierno anunció que la medida incluirá institutos, empresas públicas, agencias de control y secretarías técnicas, pero no dijo cómo se llevarán adelante esos procesos.
La noche del martes, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, refirió que para la ejecución de esa medida se emitirá un Decreto.
El funcionario, además, explicó que el proceso de cierre requerirá de alrededor de USD 10 millones.
Luego del anuncio del presidente Lenín Moreno, los colaboradores de medios públicos recibieron un comunicado en el que se indica que “cualquier medida que tomen las autoridades del Gobierno Nacional se realizará sobre la base de análisis técnicos y en irrestricto apego a la Ley”.
En el documento se hace un llamado a los funcionarios de esta empresa pública a “continuar laborando con normalidad” durante todo este tiempo.
SRI puede elevar las retenciones
El incremento en 0,75% de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta a empresas de los sectores bancario, petrolero, telecomunicaciones y otras se puede hacer vía decisión del Servicio de Rentas Internas, sin necesidad de reforma legal.
Así lo explicó el abogado Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios.
El analista señala que la modificación está en los rangos previstos en la Ley y que son potestad del Servicio de Rentas Internas.
La Ley de Régimen Tributario Interno establece en su artículo 45: “El Servicio de Rentas Internas señalará periódicamente los porcentajes de retención, que no podrán ser superiores al 10% del pago o crédito realizado”.
Con el aumento propuesto por el Gobierno, el valor que pagan las empresas actualmente pasaría de 1 y 2% en retenciones al 1,75 y 2,75%, explica Santamaría.
El experto cree que es necesario que el aumento tenga excepciones según la línea de negocio, porque para algunas el impacto sería tan grande que podrían cerrar, por ejemplo, aquellas en las áreas de venta de vehículos o algunos servicios.
Contribución por vehículos irá por ley
La contribución del 5% que se propone para propietarios de autos avaluados en más de USD 20 000 se hará por una sola vez y estará incluida en el proyecto de ley urgente que reformará el Código de Finanzas Públicas. La iniciativa aún no tiene fecha de entrega a la Asamblea, refirió Richard Martínez, titular de Finanzas, en una entrevista en Ecuadoradio.
Manuel Murtinho, director de la Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA), anotó que el sector es el que más carga impositiva tiene, en algunos casos es del 80%.
Del 2015 al 2019 se vendieron 458 000 vehículos livianos, según AEA. 175 000 fueron unidades valoradas en menos de USD 20 000, mientras que 283 000 automotores tenían precios superiores. No obstante, se debe aclarar aún la definición de avalúo del vehículo para aplicar la contribución propuesta pór el Gobierno.
La Asociación de Empresas Automotrices (Aeade) estima que en lugar de recaudar los USD 220 millones que espera el Gobierno, la contribución reduciría en USD 75 millones los ingresos fiscales, porque afectará directamente a las ventas.