Redacción Política
El Régimen anunció el veto la Ley de Participación Ciudadana. La decisión la hizo pública el presidente Rafael Correa, anteayer, porque supuestamente el texto cae en exageraciones que pueden hacer “ingobernable al país”.
La Asamblea empezó el trámite de este cuerpo legal en agosto del año pasado y concluyó en febrero de este año. La ley tiene 96 artículos, una disposición general y otra disposición final.
Entre las principales propuestas que se hicieron están: la consulta previa para pueblos y nacionalidades sobre explotación de recursos naturales; que se pueda convocar a una consulta sobre asuntos de interés local y nacional y que cualquier persona pueda realizar veedurías, observatorios y otros mecanismos de control a la actuación de los órganos y autoridades públicas.
Para Correa, la ley otorgaría derechos y poder de decisión a las organizaciones sociales sobre el Presidente, asambleístas y otros funcionarios. Por eso, cree que es necesaria la reforma.
En cambio, para los legisladores ese proyecto incentiva la participación y control ciudadano con la creación de un sistema que antes no existía en el país.
En la página de la Legislatura, se explicó que 82 asambleístas de Alianza País, del Prian, Pachakutik, ADE, PRE, entre otros, aprobaron la ley. Para ellos, el objetivo del proyecto es “que la sociedad emprenda por su libre iniciativa, para resolver sus problemas e incidir en la gestión de las cuestiones sobre el interés común”.
Por ejemplo, destacan que para procurar la participación de la ciudadanía se estableció que las sesiones de los gobiernos seccionales deben ser públicas y contarán con la presencia de uno o varios representantes de la ciudadanía, mismos que podrán participar en el debate y en la toma de decisiones, con voz y voto.
Por eso, Correa, pidió apoyo a los legisladores, porque los cambios que realizará serán profundos. “Hay que tener sensatez. Se están poniendo cosas que van a impedir la gobernabilidad y que van a romper la democracia”, manifestó el Presidente.