El médico genetista César Paz y Miño (segundo desde la derecha) expuso en la Comisión de Justicia, donde se debate una reforma al COIP para la despenalización del aborto en casos de mujeres víctimas de violación. Foto: Flickr Asamblea Nacional
Dentro del debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional analiza la despenalización del aborto en casos de violación.
César Paz y Miño, médico genetista; Julián Cruzalta, sacerdote; y, Nidya Pesántez, representante de ONU Mujeres, presentaron en la mesa legislativa argumentos para la despenalización.
Paz y Miño, científico, expuso desde la perspectiva genética que en el país hay 20 000 embarazos de menores de 14 años violadas. Hay un 47 a 90% de violaciones intrafamiliares, dijo, con lo cual se está hablando de coincidencia de genes. “Los agresores podrían ser portadores de genes de violencia que luego se reproducirán en los descendientes… Y hay una tendencia de contagio de enfermedades que producen malformaciones”.
El sacerdote mexicano Julián Cruzalta habló de los derechos sexuales y reproductivos y en esa línea, el derecho de las mujeres a tomar decisiones en cuanto a un embarazo no deseado y del Estado a promover legislaciones dentro de la ética pública, sin presión de ninguna concepción religiosa.
Despenalizar el aborto no significa obligar, si una mujer, por creencias religiosas, prefiere no practicarlo, nadie le puede obligar, enfatizó. No se puede criminalizar el tema, más aún cuando Naciones Unidas ha señalado que obligar a una persona a continuar con un embarazo que no quiere es sinónimo de tortura y Ecuador no puede tener la tortura en su sistema legal, agregó.
Dijo que la despenalización está en vigencia desde hace 10 años en México, al igual que en Italia y otros países. No se ha registrado un solo fallecimiento de mujeres en la ciudad de México a raíz de la puesta en marcha de la figura, ya que la interrupción se hace en base a procedimientos técnicos y científicos, agregó.
Nidya Pesántez, de ONU Mujeres, comentó que la incidencia de la despenalización del aborto se traduce en una disminución de abortos inseguros, que provocan un aumento de ingresos hospitalarios por complicaciones y muertes derivadas de procedimientos clandestinos. En América Latina, por ejemplo, el 95% de abortos se llevan a cabo en condiciones inseguras con graves consecuencias para la salud de la mujer en términos de mortalidad y morbilidad.
Los tratados internacionales definen mecanismos para eliminar la discriminación contra la mujer, atención integral de la salud, la prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual, a fin de reducir, precisamente, las tasas de mortalidad derivada de la maternidad sin riesgo. También, fijan la necesidad de enmendar la legislación que castiga el aborto y abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a este tipo de prácticas, enfatizó.