Martín Pallares (O). Editor Desarrollo e Innovación
Es posible que sean muchos los argumentos para sostener que la detención y extradición de Galo Lara se deben a un crimen común. Y es cierto también que la discusión sobre cómo se ha llevado el proceso en contra de este condenado por la justicia puede ser larga y complicada.
Seguramente esos temas lo resolverá el tiempo, y la historia sacará algún día sus conclusiones esclarecedoras sobre el caso.
Pero lo que difícilmente se puede negar es que ayer, durante todo el trayecto que Lara hizo entre Panamá y Quito, los órganos de comunicación del Gobierno hicieron todo lo posible para humillarlo y denigrarlo.
La evidencia más clara de esto fueron las decenas de fotos que una oficina de comunicación del Ministerio del Interior publicaba en Twitter.
El tratamiento que se hizo a Lara, a través de estas fotografías, no es digno de ningún sistema penitenciario que respete los derechos humanos de los detenidos, por más peligrosos o comunes que sean.
Es curioso que un Gobierno que ha desarrollado toda una doctrina sobre cómo los medios tienen que respetar la honra de los detenidos, ya sea por la información escrita o por la gráfica, haya echado mano de un despliegue fotográfico que evidentemente estaba destinado a humillar y a destruir la imagen de Lara.
Este operativo mediático podría ser fácilmente usado por quienes sostienen que la prisión de Lara se debe a motivos políticos. El afán por mostrarlo amarrado y humillado fue mucho más allá de cualquier intento sano por informar sobre su llegada al Ecuador.
Los motivos para pensar que Lara es un preso político se incrementan con cosas como esta. El viaje de hace algunos meses de una importante comitiva de funcionarios ya era un hecho que despertaba dudas. Este operativo, que más parece lo que en el singular léxico legal vigente se llama “linchamiento mediático”, no hace sino acrecentar esas sospechas. Derechos para unos pero no para otros.