Trabajadores presentaron denuncias en el Ministerio de Trabajo sobre la situación laboral en la empresa. Foto: Archivo EL COMERCIO
Varias ONG de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos advirtieron ayer que Ecuador ha tenido una “débil actuación” sobre el caso de esclavitud moderna en plantaciones de la empresa Furukawa; la cual, involucra a más de 1 200 trabajadores junto a sus familias.
En una convocatoria en la que participaron responsables de las organizaciones y afectados, en Quito, se hizo un balance de la situación en las instalaciones de la firma japonesa, siete meses después de que la Defensoría del Pueblo diera a conocer un informe sobre este caso de esclavitud de la actualidad.
El documento recogía graves vulneraciones a cientos de familias, en su gran mayoría afrodescendientes, que viven y trabajan en plantaciones agrícolas del abacá; una planta cuyo tallo alberga una fibra muy resistente y cotizada en el campo industrial.
“Tengo dos piernas quebradas. He trabajado en esa Furukawa 38 años y como ya no pude trabajar más me botaron como a un perro”, explicó entre sollozos un hombre, de unos 50 años, que no quiso revelar su identidad por temor a represalias.
La firma de capital japonés opera desde hace 56 años en Ecuador, donde cuenta con 32 haciendas en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas y que hasta la fecha continúan abiertas.
A pesar de que el caso fue denunciado en febrero, las recomendaciones que hizo la Defensoría “no han sido consideradas” y las acciones de protección interpuestas por la Fiscalía “incumplidas”, denuncian las ONG en lo que consideran una estrategia de la empresa “de ganar tiempo para manipular el caso en ausencia de las autoridades públicas”.
“Furukawa es el caso de derechos humanos más importante en el país”, afirmó Pablo Iturralde, del Centro de Derechos Económicos y Sociales, que junto con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Coordinadora Nacional Campesina (CNC), conforman el Comité de Solidaridad con los trabajadores de Furukawa.
El representante añadió que los afectados llevan siete meses sin “respuestas contundentes” por parte el Estado y sus derechos vulnerados no han sido reparados.
