Dos avisos alertan que la casa, ubicada en el barrio La Concordia, quedó clausurada. Foto: Marcel Bonilla / EL COMERCIO
En la puerta de la casa están pegados dos sellos de color verde que dicen clausurado. La vivienda que está ubicada en el barrio La Concordia, en Esmeraldas, era del exgerente de Petroecuador Álex Bravo, pero la justicia se la incautó el 21 de octubre pasado luego de que estallara el escándalo de corrupción en la estatal petrolera.
La clausura del domicilio se produjo luego de que la Policía descubriera que en el sitio se realizaba una fiesta. Cuando los agentes del sector Codesa llegaron al lugar, la noche del miércoles 28 de diciembre del 2016, fueron recibidos por una persona que tenía un vaso con licor en su mano derecha.
Él les dijo que estaban en una reunión para celebrar la Navidad y el año nuevo. Eso se observa en un video.
Los policías recibieron una llamada al ECU-911 de un vecino que aseguraba que en el inmueble incautado había una fiesta y que la música se escuchaba hasta la calle.
Familiares de Bravo también arribaron al sitio. Uno de ellos intentó ingresar y discutió con el hombre del vaso, que también intentaba cubrir su rostro con la mano izquierda.
“Quéjese donde quiera”, les dijo a los parientes de Bravo.
Tras discutir unos cinco minutos, la Policía ingresó primero y luego entró el fiscal Diego Pérez, quien ordenó la retención de ocho personas, con “fines investigativos”.
De hecho, la Fiscalía abrió una investigación previa por presunto mal uso del inmueble incautado en Esmeraldas.
El jueves el grupo rindió su declaración en la Unidad de Flagrancia. La diligencia comenzó a las 11:00 y hasta el cierre de esta edición no terminaba.
Pero Milton Maldonado, director general de Inmobiliar, dijo que nueve funcionarios de la institución fueron destituidos de sus cargos por la fiesta.
Maldonado ofreció disculpas por la situación protagonizada por los exfuncionarios y señaló que ellos ingresaron a la institución entre septiembre y octubre del 2016. Pero no detalló los cargos que desempeñaban en la entidad.
En la mañana, el secretario Nacional de la Administración Pública, Pedro Solines, había escrito dos mensajes en su cuenta oficial de Twitter: “Ante el mal e incorrecto uso que habrían dado ciertos funcionarios de Inmobiliar a bienes incautados en Esmeraldas, por el caso Petroecuador, se dispuso la inmediata separación de los funcionarios involucrados y la presentación de una denuncia penal para su sanción”.
En tanto, los investigadores confirmaron que un Ford 150 doble cabina de Álex Bravo, que estaba bajo custodia en la casa incautada, no está allí.
El coronel Rómel Tapia, jefe de la Policía de Esmeraldas, aseguró que comenzaron un operativo para buscar este carro tipo camioneta.
En el operativo Oro Negro, como se llamó a la incursión policial por los actos en Petroecuador, se han incautado nueve autos de alta gama, motos y carros. Además, 19 inmuebles, entre departamentos, terrenos, casas y parqueaderos. Todo queda bajo la custodia de Inmobiliar, empresa estatal que hace el inventario como parte del proceso de cohecho.
Después de lo sucedido, en las afueras de la casa permanece un patrullero de la Policía Nacional.
Una detenida más
Mientras eso sucedía en Esmeraldas, en Guayaquil los policías detenían a una mujer que estaría implicada en el supuesto caso de lavado de activos.
Ella fue identificada como Carolina A. y fue aprehendida durante un allanamiento. El procedimiento se desarrolló en un domicilio ubicado en el centro del Puerto Principal.
Wilson Álvarez, fiscal que encabezó el operativo, señaló que la mujer no es empleada de Petroecuador, pero sí de una empresa que habría mantenido contratos con la petrolera.
De acuerdo con los registros de la Superintendencia de Compañías, consta como gerente de la firma Cabasi S.A., desde el 18 de mayo del 2004.
Esta compañía, dedicada a la compra y venta de bienes raíces, fue constituida ese año y opera en Guayaquil. La dirección registrada es: calle El Oro, entre Chile y Eloy Alfaro.
Cabasi tiene como accionistas a la Corporación Prenero y a Calobri S.A., que son parte de la red de empresas de la familia de Carlos Pareja Cordero, quien tiene una orden de detención por presunto lavado de activos junto con su hijo Carlos Pareja Dassum.
El objeto social de la Corporación Prenero, cuyos socios son los hijos de Pareja Cordero, son las inversiones en la compra de acciones o participaciones de otras compañías nacionales o extranjeras con el fin de vincularlas o ejercer el control a través de sus derechos de propiedad accionaria, gestión, administración y demás actos de una compañía tenedora de acciones. Calobri SA es otra empresa dedicada a las actividades inmobiliarias, desde el 2004 y como sus accionistas constan: Cabasi SA y la Corporación Prenero.
Según la Fiscalía, Carolina A. tenía orden de detención desde el 25 de diciembre y es parte del operativo Navidad, que se efectuó en Guayaquil y Samborondón el fin de semana.