La Asamblea aprobó la noche del viernes 15 de mayo del 2020 la Ley Humanitaria con 74 votos. La ley de Apoyo Humanitario. Foto: Archivo/ Patricio Terán/ EL COMERCIO
Para que entre en vigencia la Ley de Apoyo Humanitario, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado viernes, 15 de mayo del 2020, el presidente Lenín Moreno debe pronunciarse. Si hace cambios, mediante veto, la norma volverá a ser analizada por la Legislatura. Si no hay modificaciones por parte del Ejecutivo, el texto se remitirá de inmediato al Registro Oficial.
La iniciativa se aprobó sin el capítulo de las contribuciones temporales de empresas y trabajadores, luego de que Moreno dispusiera su retiro.
El documento final contiene temas de educación, seguridad social, seguros privados, créditos financieros, inquilinato, contrato a posgradistas de medicina y resolución de deudas; sin embargo, lo medular se concentra en las reformas laborales.
Las “medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo” dan paso a acuerdos entre trabajadores y empleadores, para modificar las condiciones económicas de la relación laboral.
El acuerdo podrá ser propuesto por cualquiera de las dos partes, de manera sustentada. El empleador deberá presentar el detalle de los estados financieros de la empresa. Este convenio se concretará de forma bilateral entre cada trabajador y el empleado.
Si se producen despidos en el primer año de vigencia de la ley, las indemnizaciones se calcularán con base en la última remuneración percibida por el trabajador antes del acuerdo.
Por ejemplo, si el empleado ganaba USD 800 pero su sueldo baja a 500 con el acuerdo y es desvinculado, su jefe deberá liquidarlo con base en los 800.
Se crea el contrato especial de emergencia por dos años, renovables por una sola vez por el mismo lapso. Está dirigido a nuevas inversiones o líneas de negocio, productos o servicios, ampliaciones.
La jornada laboral semanal podrá ser fijada por un mínimo de 20 horas y un máximo de 40. El horario podrá ser distribuido hasta en seis días, sin pasar de las 8 horas diarias. La remuneración, beneficios y aportes al IESS serán proporcionales.
Además, se crea la jornada reducida por emergencia, que se aplicará por fuerza mayor o caso fortuito, justificados.
Esta disminución del horario de trabajo será hasta un máximo del 50% y el salario del trabajador podrá reducirse hasta el 45%. El aporte al Seguro Social se hará con base en las nuevas condiciones, que podrán durar dos años, prorrogables por un período similar.
Si un trabajador es despedido, el empleador pagará las indemnizaciones con base en el salario que regía antes de la reducción de jornada. Las vacaciones también se modifican. Una vez que entre en vigencia la ley, y por los dos años siguientes, los patronos podrán disponer unilateralmente el calendario de vacaciones de sus empleados.
Para el ministro de Finanzas, Richard Martínez, “el acuerdo entre partes permitirá salvar empleos”. La Cartera de Estado proyecta que la pandemia del covid-19 producirá más de 508 000 despidos este año.
En sentido contrario, varias organizaciones sindicales sostienen que las reformas laborales “pulverizan” los derechos de los trabajadores, ya que los sueldos podrían bajar a la mitad, con la reducción de la jornada, y no planificarían sus propios días de descanso.
Además, advierten que con el contrato de emergencia se elimina el pago de horas extras, puesto que la norma facilita extender la jornada ordinaria a los fines de semana. Además, esta flexibilización en el mercado laboral se extiende por cuatro años.
Por estas y otras razones, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Frente Popular plantearán demandas de inconstitucionalidad si el presidente Lenín Moreno no desiste de las reformas laborales.
A la Ley de Apoyo Humanitario se suma la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que ayer se aprobó tras tensos debates en la Asamblea. Moreno también debe pronunciarse sobre la última normativa en los siguientes días.
Esta iniciativa es parte de los compromisos adquiridos por el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para mejorar el manejo de los recursos fiscales. El Gobierno aseguraba que la aprobación era necesaria para seguir accediendo a recursos de los organismos multilaterales y frenar el incremento desmedido del gasto en el sector público.
La proyección es percibir unos USD 2 500 millones para la emergencia, en momentos en que el país no puede acceder al mercado de bonos para obtener liquidez. El proyecto, entre otros puntos, otorga más facultades del Fisco, a través de la imposición de límites de gasto, para el control presupuestario y que esa capacidad se amplíe a más entes públicos, excepto a la Seguridad Social.
Además, la norma da paso a un seguro petrolero y minero y crea fondos de ahorros.
