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Fiscalía presenta más de 500 pruebas en el caso Sobornos y acusa a 24 personas por cohecho

Fiscalía presentó su teoría, un dictamen acusatorio en el caso Sobornos y detalló las pruebas que ha recopilado en la investigación. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Fiscalía presentó su teoría, un dictamen acusatorio en el caso Sobornos y detalló las pruebas que ha recopilado en la investigación. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Fiscalía presentó su teoría, un dictamen acusatorio en el caso Sobornos y detalló las pruebas que ha recopilado en la investigación. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La fiscal general, Diana Salazar, anunció que en el caso Sobornos existen más de 500 evidencias o elementos de convicción que confirman la existencia de una estructura criminal supuestamente liderada por el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas.

Este anuncio lo hizo en la audiencia preparatoria de juicio, que se reinstaló a las 09:00 de este lunes 11 de noviembre del 2019, en el auditorio de la Corte Nacional de Justicia.

En esta diligencia, la Fiscalía presentó su teoría, un dictamen acusatorio y desde las 13:00 detalla las pruebas que ha recopilado en la investigación.

En una primera parte, la Fiscalía dijo que este caso no responde a una persecución política sino de la existencia de una estructura criminal integrada por Correa, Glas y otros funcionarios públicos como Alexis Mera, Walter Solís, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Viviana Bonilla, Christian Viteri y otros más.

También integraban por empresarios que tenían contratos con el Estado en el área de los sectores estratégicos: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Secretaría del Agua, Corporación Eléctrica del Ecuador.

En total, 24 personas están procesadas. 22 fueron acusadas en calidad de autores y dos fueron identificadas como cómplices. Estas son María Augusta Enríquez, persona de confianza de Alvarado, y Yamil Massuh, exasesor de Duarte.

En una segunda parte de la audiencia, la Fiscalía reformó los delitos por los que se inició el caso, que eran asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho. Aclaró que “por un impedimento legal” la Fiscalía de hoy en adelante sostendrá su acusación solamente por el delito de cohecho, que no prescribe y cuya pena es de tres a cinco años de cárcel.

Una vez aclarado este punto, Salazar dijo que todas las investigaciones que se hicieron confirman la existencia de una estructura criminal, dirigida desde la Presidencia, que sirvió para captar recursos de contratistas estatales. Ellos entregaron USD 5,6 millones por cruce de facturas y otros USD 6,7 millones en efectivo, entre los años 2012 y 2016.

Estos dineros fueron usados para actividades de Alianza País y para “sostener el apoyo popular” al gobierno de Correa.

Según la Fiscalía, el papel del expresidente fue relevante ya que ubicó de forma estratégica y “circular” a sus funcionarios de confianza en ministerios desde donde se entregaron contratos a las empresas que previamente pagaron y ofrecieron sobornos.

Además señaló que esta estructura usó una jerga criminal que incluía el uso de códigos como SP (Señor Presidente), JG (Jorge Glas) o las palabras “palo, medio palo y palito”, refiriéndose a dinero en diferentes montos.

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