La Fiscalía General del Estado formuló el martes, 30 de agosto de 2022, cargos por enriquecimiento ilícito privado en contra de 16 personas.
A los procesados se los acusa de ser los supuestos beneficiarios de contratos en hospitales de la red pública de salud en las provincias de Guayas y Los Ríos.
La Fiscalía presume que estos contratos son irregulares, por lo que desarrolla una serie de investigaciones.
Entre las evidencias presentadas se incluye un incremento patrimonial de USD 8 millones, los que no han podido ser justificados.
Las penas, según el COIP
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de enriquecimiento ilícito privado, que plantea la Fiscalía, es penado con prisión de tres a cinco años.
Las leyes ecuatorianas entienden como autor de delito de enriquecimiento ilícito privado a “la persona que obtenga para sí o para otra, en forma directa o por interpuesta persona, incremento patrimonial no justificado mayor a doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general”.
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