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La Fiscalía General del Estado formuló el martes, 30 de agosto de 2022, cargos por enriquecimiento ilícito privado en contra de 16 personas.
A los procesados se los acusa de ser los supuestos beneficiarios de contratos en hospitales de la red pública de salud en las provincias de Guayas y Los Ríos.
La Fiscalía presume que estos contratos son irregulares, por lo que desarrolla una serie de investigaciones.
Entre las evidencias presentadas se incluye un incremento patrimonial de USD 8 millones, los que no han podido ser justificados.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de enriquecimiento ilícito privado, que plantea la Fiscalía, es penado con prisión de tres a cinco años.
Las leyes ecuatorianas entienden como autor de delito de enriquecimiento ilícito privado a “la persona que obtenga para sí o para otra, en forma directa o por interpuesta persona, incremento patrimonial no justificado mayor a doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general”.
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