Fiscalía inspecciona el Palacio de Carondelet, tras denuncia de cámara oculta en despacho del Presidente

Los funcionarios de la Fiscalía ingresaron al Palacio de Gobierno a las 14:36 del viernes. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Los funcionarios de la Fiscalía ingresaron al Palacio de Gobierno a las 14:36 del viernes. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Grupo de Criminalística de la Policía Nacional y el fiscal Fabian Salazar llegaron al palacio de Gobierno para una diligencia Legal en el despacho del presidente Lenín Moreno. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

El fiscal Fabián Salazar llegó acompañado de agentes de la Policía Judicial y dos de Criminalística al Palacio de Carondelet, en el centro de Quito. Ellos arribaron tras la denuncia del presidente de la República, Lenín Moreno, sobre el hallazgo de una cámara oculta en el despacho presidencial, el viernes 15 de septiembre del 2017.

Los funcionarios de la Fiscalía ingresaron al Palacio de Gobierno a las 14:36 del viernes. Los agentes realizaban investigaciones en el despacho.

El Primer Mandatario había dicho que el Servicio de Protección Presidencial detectó una cámara oculta en el despacho, ayer. “Se me informa que esta cámara fue instalada por el presidente Correa (Rafael) hace siete u ocho años -ordenada a instalar por el presidente Correa hace siete u ocho años- y que todo el Servicio de Protección Presidencial sabía de la existencia de esta cámara. Pues sucede que ayer estaba funcionando y no sabemos cuántas veces ha estado funcionando”, dijo en Guayaquil.

A través de su cuenta de Twitter, Moreno se ha referido al tema, durante la tarde de este viernes. “Fisgón: aficionado a husmear la vida de los demás”, escribió en la red social.

De hecho, a través de Twitter, Moreno insistió en que “nadie tuvo por lo menos la delicadeza de notificarme. El Servicio de Protección Presidencial anterior tampoco informó al nuevo”.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente en Ecuador desde el 2014, tipifica el delito de violación a la intimidad con una sanción de uno a tres años de cárcel.

"La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años".

Asimismo, el COIP tipifica el delito de espionaje (art. 354) con cárcel de 7 a 10 años para los servidores militares, policiales o de los servicios de inteligencia que en tiempo de paz realice uno de los siguientes actos:

1. Obtenga, difunda, falsee o inutilice información clasificada legalmente y que su uso o empleo por país extranjero atente contra la seguridad y la soberanía del Estado.

2. Intercepte, sustraiga, copie información, archivos, fotografías, filmaciones, grabaciones u otros sobre tropas, equipos, operaciones o misiones de carácter militar o policial.

3. Envíe documentos, informes, gráficos u objetos que pongan en riesgo la seguridad o la soberanía del Estado, sin estar obligado a hacerlo o al haber sido forzado no informe inmediatamente del hecho a las autoridades competentes.

4. Oculte información relevante a los mandos militares o policiales nacionales.

5. Altere, suprima, destruya, desvíe, incluso temporalmente, información u objetos de naturaleza militar relevantes para la seguridad, la soberanía o la integridad territorial.

Los funcionarios de la Fiscalía ingresaron al Palacio de Gobierno a las 14:36 del viernes. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Las actividades de visitas guiadas al interior del Palacio se mantienen. También están trabajando con normalidad los funcionarios.

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