8 de junio de 2019 16:59

Familiares aún no saben cuándo se reanudan las visitas en la Penitenciaría del Litoral

Resguardo militar en los exteriores y dentro de la Penitenciaria del Litoral, se mantiene el estado de excepción y las visitas no están programadas. Foto: Enrique Pesantes / El Comercio

Resguardo militar en los exteriores y dentro de la Penitenciaria del Litoral, se mantiene el estado de excepción y las visitas no están programadas. Fotos: Enrique Pesantes / El Comercio

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Redacción Guayaquil

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Cuatro veces por semana llega en busca de información. Andrea (nombre protegido) quiere saber cuándo podrá ver a su esposo y a su hermano en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

“Los militares nos dicen que regresemos la otra semana, que quizá el martes dejen entrar. Pero hemos oído que no habrá visitas por dos meses”, dijo este sábado 8 de junio de 2019, en las afueras del recinto carcelario.

La última vez que casi logra entrar fue el 30 de mayo, cuando seis personas privadas de su libertad fueron asesinadas en el pabellón 5. La mortal balacera ocurrió 14 días después de que el Gobierno decretara el estado de excepción para el sistema de rehabilitación social del país, con cerca de 38 000 personas.

“Para entrar hasta nos quitan la ropa interior; por un pasador de zapatos nos hacen problema porque dicen que se pueden ahorcar -reclama Andrea-. Adentro se matan a bala y con cuchillos”.

El informe 2018 del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos resume algunas denuncias generadas en las cárceles del país, que han sido expuestas a organismos de las Naciones Unidas.

Resguardo militar en los exteriores y dentro de la Penitenciaria del Litoral, se mantiene el estado de excepción y las visitas no están programadas. Fotos: Enrique Pesantes / El Comercio


Entre ellas están los casos de mujeres, familiares o abogadas, que han sufrido revisiones abusivas para ingresar a las cárceles de Guayaquil. “Estas vejaciones se mantienen pese a reclamos de mujeres afectadas y a la existencia de equipos de alta tecnología (escáneres corporales) para evitar el ingreso de objetos ilegales a las cárceles”.

El informe también menciona el acelerado ascenso de la población carcelaria, que pasó de 24 203 en 2013 a 36 673 en 2017, según datos que el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entregó al Comité.

También critica el hacinamiento en 33 de los 55 centros de rehabilitación social del país. Su capacidad total es de solo 25 000 privados de libertad.

Para el jueves 13 de junio de 2019 el Comité, junto a la Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Guayaquil y la Pastoral Social Cáritas, prepara un diálogo para articular experiencias ciudadanas de trabajo en cárceles. Será parte de las actividades por el Día de las Personas Privadas de la Libertad, que se recuerda cada 12 de junio.

En la ventanilla de ingreso a la Penitenciaría del Litoral un cartel anuncia que las visitas han sido canceladas. Otro advierte que está prohibido entrar con camisetas rojas, pantalones rotos, ropa húmeda…

Y en otro está escrito el artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con hasta tres años de prisión a quienes ingresen sustancias ilícitas, armas, bienes y teléfonos celulares a los centros de privación de libertad.

Resguardo militar en los exteriores y dentro de la Penitenciaria del Litoral, se mantiene el estado de excepción y las visitas no están programadas. Fotos: Enrique Pesantes / El Comercio


“Adentro hay de todo: televisores, cocinas, parlantes…”, dice Jorge (nombre protegido). Él recobró su libertad hace pocas semanas y cada sábado acude a la cárcel firmar un documento. “Las muertes son por las bandas -asegura-. Se pelean el dominio de los pabellones”.

La semana pasada la Policía realizó un operativo en la Penitenciaría y decomisó cerca de 900 gramos de drogas, entre marihuana, cocaína y base de cocaína; USD 3 200 en efectivo, parlantes, televisores, 43 celulares, cargadores, tijeras, 20 cuchillos…

Por el estado de excepción, el lugar es custodiado por policías y miembros de la Infantería de Marina. Junto a la puerta principal se ha instalado un pequeño campamento de las Fuerzas Armadas para los controles. La Policía Montada recorre el exterior.

Amanda (nombre protegido) fue ayer para intentar ver a su hijo de 22 años. Le llamó en la mañana para pedirle comida. “Está en un pabellón especial, donde le dan tratamiento por la adicción a las drogas. Es una suerte que esté ahí porque es más seguro, pero en estos días me dice que se ha llenado mucho”.

Después de casi una hora de espera Andrea volvió a su casa. Su esposo, de 26 años, permanecerá aquí por lo menos dos años más. Su hermano, de 18, apenas entró hace cuatro meses y ahora está aislado en pabellón para personas con tuberculosis.

“Bueno fuera que los metan presos para que escarmienten, pero aquí más se dañan -comenta-. Es algo horrible, no sé por qué existe este lugar. No le deseo a nadie que caigan aquí”.

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