Desde este 15 de enero del 2019, el manejo de las cárceles pasa a una nueva entidad. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO
Los presos están en el patio. Toman sol, leen la Biblia, conversan y juegan. Todos usan el uniforme anaranjado.
Es el pabellón de mínima seguridad de la cárcel de Latacunga. El jueves 10 de enero del 2019 este Diario ingresó a esa zona, en donde están recluidas personas procesadas por drogas, violación, crimen, delincuencia organizada o asociación ilícita, que no representan peligrosidad.
Cuando ven cámaras se aglomeran y gritan. “Aquí nos tratan mal”, dice un hombre pequeño, delgado y que se dejó crecer el cabello. Unos se quejan por el hacinamiento. Otros reclaman por la falta de agua. “No tenemos cómo mandar los desperdicios de los baños ni bañarnos”, dicen. Por eso, recogen el líquido en tanques, que usan en los sanitarios.
Ese jueves, unos presos permanecían en las gradas, otros en los pasillos y también dentro de las celdas, que son aseguradas con puertas de metal enumeradas y con pequeños orificios para comunicarse con los guías. Un recluso pide habilitar más servicios higiénicos. Solo hay tres para 340 que viven en ese pabellón.
La cárcel de Latacunga está ubicada en la Sierra centro del Ecuador. Foto: Glenda Giacometti/ EL COMERCIO
En una de las celdas del pabellón de mujeres se improvisaron tendederos para colgar la ropa y las toallas lavadas. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO
Los detenidos se quejan de la falta de agua en el centro carcelario de Latacunga. Foto: Glenda Giacometti/ EL COMERCIO
Ricardo Camacho trata de explicar a los presos el trabajo que hacen “para cambiar esta situación” y reconoce los problemas que allí se sienten.
Él es Subsecretario de Rehabilitación y asegura que el agua es un problema de la autoridad local. Llega poco y no abastece.
La cárcel de Latacunga fue construida entre el 2012 y el 2014, en 82 hectáreas. Tiene 116 celdas. En agosto pasado, este Diario reveló que el valor inicial de este centro penitenciario fue de USD 46,58 millones, pero al final terminó en USD 70,4 millones, es decir un aumento de USD 23,7 millones.
Ahora, en esa penitenciaria pagan sus condenas 5 300 personas, pero la capacidad instalada es para 4 530. Hay una sobrepoblación del 17%.
Allí están internados el exvicepresidente Jorge Glas, el exministro Carlos Pareja, el exgerente de Petroecuador Marco Calvopiña. Además, la excoordinadora del IESS María Sol Larrea, el expresidente de la FEF Luis Chiriboga, los procesados por el crimen de Karina Del Pozo, entre otros.
Camacho y el director del centro, Diego Gómez, verifican las instalaciones y en un patio aparece Glas, acompañado de un guía. Viste pantalones deportivos, zapatillas blancas y una chompa.
Muestra un cabello crecido, pero despeinado. Su barba está descuidada. Luce delgado y lleva un cuello ortopédico. Personal del Ministerio de Justicia pide no hablar con él. Pero Glas se acerca y dice: “Investiguen, investiguen, en nombre de Jesucristo, toda la infamia”. Luego se aleja poco a poco. Más adelante está el botadero de basura de la cárcel.
Las bolsas negras están apiladas y forman una montaña de desperdicios. Gómez explica que el camión recolector solo pasa dos veces por semana y que en diciembre pasado tuvieron que pagar tres tráileres para que se llevaran la basura.
Para ingresar al centro carcelario se debe pasar por tres filtros de seguridad, donde agentes de la Policía revisan a los visitantes. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO
En los espacios reducidos, se añaden más camas para las personas privadas de la libertad. Ellos se quejan de la situación. Foto: Glenda Giacometti/ EL COMERCIO
Las mujeres han adecuado espacios para colgar su ropa y delimitan con toallas sus camas, para buscar privacidad. Foto: Glenda Giacometti/ EL COMERCIO
Poco antes de que apareciera Glas también lo hizo Marco Calvopiña. Él está en el Tomatito, una cafetería que es administrada y atendida por detenidos como él. Este exgerente de Petroecuador ahora hace las veces de pocillero.
Lava los platos, recoge la vajilla sucia y limpia la mesa. Viste camiseta naranja, jean y zapatillas. ¿Cómo está?, le preguntan. Solo dice que está bien y sigue con su trabajo.
María Sol Larrea hace lo mismo. Lava y limpia la mesa. También está con una camiseta naranja, jean y zapatillas. Junto a ella aparece David Piña, procesado por el crimen de Karina. Él diseñó el logo del Tomatito y otras artes que identifican a la cafetería.
Es mediodía, el almuerzo se termina y a lo lejos se escuchan voces. Es el pabellón de mujeres. Adentro están 146 internas.
Dentro de las celdas, las toallas, la ropa interior, medias y camisetas se secan sobre las literas o en tendederos improvisados. Cada cama la han separado con sábanas, tratando de hacer espacios privados.
Los detenidos dicen que existe falta de agua en el centro carcelarios. Allí se han colocado tanques para que empleen el líquido vital. Foto: Glenda Giacometti/ EL COMERCIO
En la cárcel de Latacunga cumplen sus sentencias el exvicepresidente Jorge Glas y exfuncionarios de Petroeucador como Carlos Pareja y Marco Calvopiña. También está recluida en ese lugar la exdirectora del IESS, María Sol Larrea. Foto: Glenda Giacometti/ EL COMERCIO
Los detenidos en la cárcel de Latacunga se quejan por la falta de agua. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO
En diciembre del 2018 se conoció que el contrato con la empresa que alimenta a los 38 523 presos del país es auditada, para saber si cumple o no con lo acordado. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO
“Esto es inhumano; no hay agua para asearnos, todo es a cuentagotas”, dice una mujer y se va. A la cárcel se han tenido que llevar tanqueros con agua, para solventar en algo este problema.
Otra detenida aparece de entre sus compañeras. “Aquí no hay espacio para nada. Cada vez meten más camas y no hay por dónde pasar”. Ella asegura estar detenida por terrorismo, pues estaba vinculada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Desde el fondo se escucha otra voz que dice: “La comida es poca, solo nos dan pollo”.
En diciembre del 2018 se conoció que el contrato con la empresa que alimenta a los 38 523 presos del país es auditada, para saber si cumple o no con lo acordado. El viernes, en cambio, se supo que en marzo se abrirá una licitación, para cambiar al proveedor que ha servido siete años.
Otra de las quejas de las personas recluidas es la acumulación de basura. Los ciudadanos arrojan los desperdicios a través de las ventanas, a los exteriores del centro carcelario. Foto: Glenda Giacometti/ EL COMERCIO
La cárcel de Latacunga tiene espacio para 4 530 personas, pero allí cumplen sentencia 5 300 detenidos. Foto: Glenda Giacometti/ EL COMERCIO
El jueves, la sopa entraba a los pabellones en bidones metálicos y el arroz iba en canastas de plástico. Todo pasa por una cámara de rayos X y es revisado por personal interno.
Quienes trabajan en la cocina tienen cubierta la cabeza con gorras rojas y la boca con mascarillas. En los pabellones, una a una las presas reciben las porciones. “Ayúdennos”, gritan. Otras dicen que ahí “hay maltrato físico y psicológico”. Las autoridades lo niegan y aseguran que se respetan los derechos humanos.
Cae la tarde, las mujeres están en sus celdas. Desde las pequeñas ventanas que abrieron tras romper las mallas gritan y botan la basura que cae a un espacio que tiene piso de tierra.
Al pabellón de máxima seguridad no se puede entrar. Están los más peligrosos, como los milicianos del disidente abatido alias ‘Guacho’.
Hasta hoy, 14 de enero del 2019, esta y 35 cárceles que operan en el país son manejadas por el Ministerio de Justicia y desde mañana pasarán a ser administradas por el nuevo Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores.
Desde el martes, 15 de enero del 2019, una nueva entidad se encargará del manejo de las cárceles en el Ecuador. Foto: Glenda Giacometti/ EL COMERCIO