16 de noviembre de 2018 14:44

Expresidentes y exgraduados de la U. de Guayaquil aconsejan su reorganización y extirpar la política

Siete integrantes de la junta consultiva se reunieron con los miembros de la Comisión Interventora para la Universidad de Guayaquil. Ellos tendrán acceso a los informes que se emitan durante el proceso de acompañamiento. Foto: EL COMERCIO

Siete integrantes de la junta consultiva se reunieron con los miembros de la Comisión Interventora para la Universidad de Guayaquil. Ellos tendrán acceso a los informes que se emitan durante el proceso de acompañamiento. Foto: EL COMERCIO

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Elena Paucar

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Se reunieron bajo la mirada de Julián Coronel, Alejo Lascano y otros antiguos rectores de la Universidad de Guayaquil. El salón amarillo de la histórica Casona Universitaria recibió a los integrantes de la Junta Consultiva, convocada por la Comisión de Intervención para hacer una veeduría al proceso de acompañamiento dispuesto por el Consejo de Educación Superior (CES).

A la convocatoria acudieron los expresidentes Gustavo Noboa y Alfredo Palacio, el concejal de Guayaquil Roberto Gilbert Febres-Cordero, Annunziata Valdez, Katia Murrieta, Francisco Huerta Montalvo y Roberto Gómez Valdiviezo.

En la primera reunión de este viernes 16 de noviembre de 2018 conocieron el diagnóstico de los interventores. Roberto Passailaigue, presidente de la Comisión Interventora y actual rector de la universidad, recordó los resultados informes de la Contraloría General del Estado que suman cerca de 200 observaciones para el centro de estudios.

“En los últimos cinco años han contratado, de manera provisional, a 1 300 personas que están en exceso. Se está haciendo un estudio para poder optimizar los recursos de la universidad”, dijo. En ese lapso actuó la primera comisión interventora.

Passailaigue enfatizó que los exámenes especiales de la Contraloría también detectaron concursos de méritos y oposición para la contratación de docentes “sin criterio jurídico ni sustento”, se entregaron becas “sin criterios técnicos” y pagaron horas extra “de forma indiscriminada”.

El pasado 15 de octubre el CES ordenó la intervención, con un plazo de tres meses prorrogable. Las autoridades de educación superior dispusieron esta medida tras la violencia generada debido a una pugna interna por el rectorado de la universidad más grande del país.

La U. de Guayaquil afronta también un posible recorte de su presupuesto; serían USD 20 millones menos para el 2019. Gustavo Noboa se refirió a estos ajustes. “Es como si a un enfermo le quitan sangre (…). Hay muchos problemas económicos pero la solución es el gasto público, la solución es eliminar los pipones y la burocracia que ha crecido”.

Para el exmandatario Alfredo Palacio resulta necesario ajustar a la U. de Guayaquil al modelo de las universidades que demanda el siglo XXI. Uno de sus planteamientos es que el centro de estudios aporte a lograr una cobertura en salud del 100% en la ciudad.

Con él coincide Roberto Gilbert, exgraduado de Medicina en la Universidad de Guayaquil. Gilbert apunta a la rehabilitación del Hospital Universitario, cuyo traspaso por parte del Ministerio de Salud está en trámite.

La reorganización de la universidad es el punto de partida que plantean los miembros de la Junta Consultiva. Para hacerlo, Katia Murrieta puntualiza que es primordial “desterrar todo movimiento de orden político”. “Cuando hay grupos antagónicos dentro de un ente que debiera ser estrictamente académico, es necesario extirpar cualquier tipo de conflicto”.

Ese conflicto entre grupos internos derivó en esta segunda intervención de la Universidad de Guayaquil. La junta consultiva tendrá acceso a los informes que emitan los interventores. Mientras, a la comisión le restan 15 días para definir su plan de trabajo y el presupuesto para ejecutarlo, que deben ser aprobados por el CES.

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