Uno de los expertos plantea que el Gobierno lejos de intervenir con la fuerza debería tratar de establecer una mesa de diálogo. Foto: API
Las investigaciones sobre el enfrentamiento, que se registró el miércoles 14 de diciembre de 2016, en el campamento minero San Carlos de Panantza, continúan.
Ese día hubo enfrentamientos entre un grupo de shuar y uniformados. Allí, murió el policía José Luis Mejía Solórzano por el impacto de una bala en la cabeza y siete quedaron heridos. Uno de ellos fue intervenido en el Hospital del Río de Cuenca y está en cuidados intensivos.
Los indígenas reclaman la pertenencia de estos territorios por ancestralidad. El experto en derechos humanos Salim Zaidan considera que el diálogo es fundamental para llegar a una solución.
Para ello, dice, que se debería trabajar con relacionistas comunitarios que conocen la idiosincrasia de los indígenas y podrían dar un soporte técnico a las autoridades para enfrentar de mejor manera estos conflictos.
Él plantea que el Gobierno lejos de intervenir con la fuerza debería tratar de establecer una mesa de diálogo entre todos los actores involucrados para buscar una salida que beneficie a todos.
Si bien los indígenas, agrega, tienen todo el derecho de expresar su inquietud y reclamar sus derechos, “deben pensar en una visión de país. De hecho uno de los deberes de los ecuatorianos es anteponer el interés general al particular… También deben ceder para llegar a su entendimiento”.
Zaidan aclara que los derechos son irrenunciables, pero si se puede ceder, buscar una participación y que se respete sus costumbres. “Hay que llegar a un equilibrio”.
Según Zaidan, hay que considerar que en las actividades extractivas los impactos ambientales y sociales deben ser mínimos.
Sobre este tema, Elsie Monje, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, coincide que es necesario buscar el diálogo considerando los puntos de vista de los indígenas.
“Cuando hay concesiones en territorios extensos se debe tomar en cuenta que hay poblaciones adentro… Las comunidades no saben a dónde salir y les dicen que no es su problema, no puede ser”, dice Monje.
Según ella, el Estado tiene la obligación de precautelar los derechos de los ciudadanos y hacer una reubicación en zonas que tengan las mismas condiciones para poder vivir.
