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Los ex periodistas

‘Los medios nos permiten reflejar lo que somos, pero si en ellos nunca veo al montubio, no conozco lo que dice y, para remate, cuando sale es estereotipado con bromas. La idea que queda de ese sector, tan importante para la sociedad, no es real”.

Así hablan los ex periodistas y actuales funcionarios y/o legisladores oficiales. Hablan como si nada, como si  se refirieran a los medios que su sector político tanto critica. Hablan para defender la propuesta de una ley que, según ellos, “democratizará la comunicación” pero que, sabemos, pretenderá controlar al periodismo crítico.

Tan poco sinceros son sus criterios que olvidan (o pretenden  olvidar) a qué medios se refieren. Y al olvidar (o pretender hacerlo)  no tocan una de las claves del debate:  las obligaciones éticas de los medios gubernamentales y “públicos” (siempre entre comillas).

Es un tema clave porque cuando los legisladores, funcionarios  y ex periodistas hablan desde su retórica supuestamente revolucionaria  y condenan a quienes distorsionan y discriminan con estereotipos a los montubios se están refiriendo, justamente,  a uno de los canales de televisión que controla y maneja el Gobierno desde julio de 2008: TC Televisión.

¿No se han preguntado por qué ellos mismos ya van para dos años al frente de ese canal  y no existe ningún cambio de fondo en la programación?

¿No se han puesto a pensar que el ejemplo empieza por casa y que la coherencia tiene mucho que ver con la ética?

Un tema clave porque ellos, los ex periodistas, hicieron opinión durante muchos años en medios que hoy,  como si fuera un insulto, como si fuera un estigma, llaman “privados”.

Son ellos mismos quienes hoy  hablan de que “es importante una ley que favorezca los derechos de los medios comunitarios y de los pueblos que no se expresan. Ecuador es un país plurinacional, pluricultural y pluriétnico y eso no aparece en los grandes medios de comunicación”.

Qué fácil es, desde el poder, dar recetas. ¿Los  ex periodistas y hoy asambleístas y/o funcionarios revolucionarios hablaron en sus espacios de ese país plurinacional, pluricultural y pluriétnico?

Si lo hicieron, ¿por qué una  ley debería regular o para qué normar algo que se  ha hecho y se hace? Si  algún día volvieran a escribir o hablar (aunque fuera en El Ciudadano impreso o televisivo), ¿lo harían solo porque la ley los obligará a proceder así?

Dicen también que la ley debe contribuir “a que se respeten los derechos a expresarnos y a opinar por todos los canales posibles y no solo a través de los grandes medios de comunicación ”.

Es cierto. Y si es cierto quiere decir que la ley  deberá obligar a los medios gubernamentales y “públicos” (siempre entre comillas) a que en estos  -y no solo a través de los grandes medios- se respete  el  derecho de todos, no solo de ellos, a opinar y criticar.

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