Estaba seguro que la maquinaria que iba a ser transportada por un tráiler, en noviembre del 2013, era suya. Oswaldo M., había pagado USD 16 500 por ese equipo de soldadura. El dinero con que canceló el costo lo obtuvo a través de préstamo a una cooperativa de ahorro y crédito, en Ambato (Tungurahua).
Durante un año recibió los USD 1 600 ofrecidos como parte del ‘alquiler’ a una petrolera en la Amazonía, eso no levantó sospecha alguna. En un año logró cancelar el valor total del crédito.
Por eso hizo sociedad con un amigo para adquirir un segundo equipo a esta empresa supuestamente dedicada a la importación y el arriendo de maquinaria, vehículos, soldadoras y otros equipos a las petroleras.
Los dos solicitaron un préstamo de USD 8 000 cada uno. Pero en diciembre del 2014, que debían recibir el primer pago, nunca llegó el dinero. Tampoco por el arrendamiento de la otra máquina. Luego por las noticias se enteraron que la Policía y los fiscales allanaron la casa de los propietarios.
Eso puso en apuros a Oswaldo, que constantemente llamaba por teléfono a uno de los ‘enganchadores’ que trabajaba en Ambato.
En enero de este año, esta persona le comunicó que la situación estaba mejor y que comenzarían a pagar las mensualidades atrasadas a partir del 19 de ese mes, pero nunca sucedió eso. Las denuncias por estafa comenzaron a presentarse en las fiscalías de Ambato y de Riobamba.
“Ahora debo pagar de mi sueldo el crédito, pensé que todo era legal”, cuenta Oswaldo M.
En la fiscalía se presentaron 300 denuncias de personas supuestamente perjudicadas por la empresa.
Rubén Guevara, fiscal provincial de Tungurahua, explica que el dato de las 5 300 personas afectadas no es oficial, porque en la entidad solo se presentaron 300 por una supuesta estafa. “Me reuní con un grupo de las personas afectadas. Lo que se hice es orientarles de lo que deben hacer”.
Según Guevara, el 80% de los perjudicados es de Ambato, puesto que ellos, de acuerdo a las denuncias, entregaron el dinero en una oficina que la empresa mantenía en el ingreso norte de la ciudad y deben tramitarse en esta jurisdicción.
Con las denuncias se inició la investigación del caso y se notificó a María de Lourdes B., y su esposo Patricio H., quienes son indagados. “La Fiscalía decidió unir todas las denuncias, porque estamos ante un hecho que puede ser estudiado como un delito de estafa”.
Oswaldo y otras cuatro personas aún no presentaron la denuncia en la Fiscalía. Por eso, lo harán en estos días. Willian Aguaguiña, abogado defensor de 100 perjudicados en Tungurahua, menciona que presentará en un solo grupo toda la documentación por el delito de estafa.