Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht habría pagado USD 33,5 millones a funcionarios en Ecuador para adjudicarse obras. Foto: EFE
La congresista de EE.UU., Ileana Ros-Lehtinen, informó que el Departamento de Justicia negó su pedido de difundir los nombres de los ecuatorianos que recibieron sobornos por parte de la firma brasileña Odebrecht.
En un comunicado, publicado en la página web de la congresista, se señala que la decisión de retener los nombres de los funcionarios se basa en políticas de esa entidad.
“Generalmente no es la política del departamento discutir investigaciones que siguen desarrollándose o nombrar públicamente a co-conspiradores que no han sido acusados”, se lee en el comunicado.
De allí que Ros-Lehtinen dijo que “sin la divulgación de los nombres de los oficiales ecuatorianos involucrados, los responsables no serán llevados ante la justicia” del régimen del presidente, Rafael Correa. También cuestionó una supuesta “falta de independencia” en el Poder Judicial de Ecuador y dijo que no se “puede confiar en sus propias investigaciones”.
La Fiscalía aún no se ha pronunciado en torno a estas críticas, pero ha defendido sus investigaciones.
El pasado 3 de marzo, el fiscal General, Galo Chiriboga, mantuvo una reunión con su homólogo peruano. Allí intercambiaron información sobre los actos de corrupción de Odebrecht en los dos países.
Además, acordaron una reunión en Quito el 24 de marzo. A la cita también se sumará el fiscal General de Colombia, Néstor Martínez.
Una de las últimas acciones que la Fiscalía realizó en el país fue bloquear los pagos que mantenían la Refinería del Pacífico y la Empresa Pública del Agua a Odebrecht.
La deuda que mantienen las dos empresas ecuatorianas suma USD 40 millones.
La idea es garantizar una posible indemnización de la constructora brasileña. Esto debido a que, según el departamento de Justicia de Estados Unidos, la multinacional habría pagado USD 33,5 millones en sobornos a funcionarios para beneficiarse de contratos durante los últimos 10 años.
De allí que, el 29 de diciembre, la Fiscalía a través de una asistencia penal internacional pidió a EE.UU. la lista de involucrados.