Durante los años posteriores a la muerte del dictador Francisco Franco (noviembre de 1975) y la proclamación de Juan Carlos I de Borbón como Rey de España, el gobierno reformista de Carlos Arias Navarro continuó, con poco éxito, sus intentos por impulsar un proceso de liberalización. Por su parte, la articulación de las fuerzas opositoras en la Junta Democrática (1974) y en la Plataforma de Convergencia Democrática (1975) cobraba cada vez mayor relevancia. En este proceso las organizaciones obreras y los movimientos regionalistas jugaron un papel decisivo.
Dentro de este contexto, la decisión del rey Juan Carlos de relevar a Arias Navarro se dio 1 de julio de 1976. En su lugar se designó a Adolfo Suárez, un político proveniente del reformista Movimiento Nacional, quien había mostrado una mayor disposición y una concepción más avanzada del cambio político que se requería, aun en la lógica del régimen, para evitar la polarización y la confrontación de la sociedad española.
En sentido estricto, el proceso de transición se inició con el referéndum sobre la Ley para la Reforma Política, en diciembre de 1976, y concluyó con la aprobación, dos años más tarde, de la nueva Constitución española. Aprobada la Ley y resuelta la exigencia de legalizar al Partido Comunista, se convocó a las elecciones generales que se celebraron en junio de 1977. A partir de la integración de las primeras cortes democráticas inició el proceso constituyente que concluiría en diciembre de 1978.
Antes de ello, en octubre de 1977, se suscribieron los conocidos Pactos de la Moncloa, cuyo acuerdo consistía en asegurar una mínima legitimidad y eficacia, precisamente sobre la base del consenso, para las políticas y programas públicos en materia de ingresos y gasto, sistema financiero, y seguridad social y salarios, principalmente. El debate en torno a los arreglos y el diseño sobre los que se levantaría el nuevo Estado español se ventilaba, mientras tanto, en el seno de las cortes constituyentes.