Redacción Guayaquil
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Digna Ochoa aún no olvida la angustia que sintió hace 10 años, cuando presenció la ejecución de un recluso que se fugó de la Penitenciaría del Litoral.
Ocurrió a media cuadra de su casa, situada en la cooperativa Unión de Propietarios.
Inseguridad y violencia
El ingreso de drogas y armas al reclusorio no se ha reducido, pese a las acciones policiales. Los uniformados culpan a los guías penitenciarios de esta anomalía. Ellos responsabilizan a los gendarmes de esta situación.
Las mafias de la Penitenciaría han asesinado a dos de sus directores: Eddy Enríquez y Soledad Rodríguez. El primero fue baleado en 2005 en el interior de su vehículo. Soledad Rodríguez también fue disparada en abril de 2007, cuando salía de su vivienda. El temor resurge cuando Digna escucha disparos o alarmas activadas por los amotinamientos o los enfrentamientos entre reos.
Esta edificación está localizada en el kilómetro 17 de la vía a Daule, justo al frente de su hogar.
“Nos da miedo cuando hay fugas porque la Policía viene a buscarlos en el monte. Así mataron a uno que estaba barriendo afuera y que se les escapó. Lo siguieron y le dispararon”.
Esta mujer vive 20 de sus 62 años en esta zona de la parroquia Pascuales, en el norte de Guayaquil. Con ella viven su esposo Ramón Mieles y sus nueve hijos.
También hay otras 40 familias que conforman ese asentamiento poblacional. Santa Manzaba, voluntaria del albergue María Reina, que funciona diagonal al reclusorio, tiene la misma sensación de inseguridad.
En el albergue habitan 42 niños cuyas edades oscilan entre los 5 y 17 años. Ellos reciben alimentación y educación.
Manzaba dice que cuando hay balaceras los dejan en las casas. Cortamos el monte porque temíamos que los presos que se fugaran se escondieran allí”.
Kleber Salazar le saca provecho a la presencia de la Penitenciaría. Contó que los miércoles y los fines de semana aumenta la venta de tarjetas para celulares. Familiares y amigos que visitan a los internos son sus principales clientes.
Algunos informales venden agua embotellada, golosinas, refrescos, comida preparada y otros cuidan los vehículos.
La Penitenciaría del Litoral está localizada cerca del parque industrial y de otros comercios. Fue construida en 1958, pensando en 1 500 internos, pero ha albergado hasta a 6 952 reos.
En junio de 2007, la Policía presentó un informe de las deficiencias del penal. En el documento se señala que estaba por colapsar porque su población carcelaria sobrepasó su capacidad en un 300%, lo que generó hacinamiento, insalubridad y violencia.
Además, advierte que los 80 guías eran insuficientes para controlar a los reos. El informe firmado por el entonces jefe operativo de la Unidad de Vigilancia Norte (UVN), Fausto Merino, señala que los guías “no han sido preparados técnica y profesionalmente para ejercer su función. Eso no les permite ejercer un control eficiente al interior del centro penitenciario…”.
La Unidad de Vigilancia Norte es una división policial que está a cargo de la seguridad externa del penal.
El actual Gobierno incrementó el número de guías a 100 y redujo la población carcelaria a 4 000, mediante el programa de la Defensoría Pública Estatal y la aplicación de la caducidad de la prisión preventiva.
También, entregó nuevos pabellones y áreas destinadas para los reclusos. Sin embargo, esta acción resulta insuficiente para desterrar la violencia.
Hace un mes, un grupo de 113 internos denunció en la Fiscalía a sus compañeros Calixto Quevedo, Jaime Muñoz y otros nueve reos del pabellón B Bajo.
Según ellos, estos reos querían extender sus dominios y sus ilegales negocios de venta de drogas y armas hasta el pabellón B Alto.
Los denunciantes dijeron que eran extorsionados y hasta amenazados de muerte para que cedieran su espacio.
El Municipio porteño y los gremios empresariales dieron su apoyo. Construyeron un pabellón de máxima seguridad, a un costado de la Penitenciaría.
La obra costó USD 1,8 millones y fue concluida en agosto del año pasado. Aunque tiene sistemas de seguridad y con celdas bipersonales, aún no funciona, porque el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Prisiones no reciben la obra de forma oficial. El Gobierno pidió mejoras.