28 de September de 2009 00:00

El escaso control en la Penitenciaría del Litoral atemoriza a los vecinos

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Redacción Guayaquil
ecuador@elcomercio.com

Digna Ochoa aún no olvida la angustia que sintió  hace 10 años, cuando presenció la ejecución de un recluso que se fugó de la Penitenciaría del Litoral.

Ocurrió a media cuadra de su casa, situada  en la cooperativa Unión de Propietarios.



Inseguridad y violencia
El ingreso  de drogas y armas al reclusorio no se ha reducido, pese a las acciones policiales.  Los uniformados culpan a los guías penitenciarios de esta anomalía. Ellos responsabilizan a los gendarmes de esta situación.   
Las mafias  de la Penitenciaría han asesinado a dos de sus directores: Eddy Enríquez y Soledad Rodríguez. El primero fue baleado en 2005 en el interior de su vehículo. Soledad   Rodríguez también fue disparada en abril de 2007, cuando salía  de su vivienda.   El temor  resurge cuando   Digna   escucha disparos o alarmas  activadas por los amotinamientos o los   enfrentamientos entre reos.

Esta edificación está localizada   en el kilómetro 17 de la vía a Daule, justo al frente de su hogar.

“Nos da  miedo cuando hay fugas porque la Policía viene a buscarlos en el monte. Así mataron a uno que estaba barriendo afuera y que se les escapó. Lo siguieron y le dispararon”.

Esta mujer  vive   20 de sus 62 años en esta zona  de  la parroquia Pascuales, en el norte de Guayaquil. Con ella viven su esposo Ramón Mieles y sus nueve hijos.

También hay otras 40 familias que conforman ese asentamiento poblacional. Santa Manzaba, voluntaria del albergue María Reina, que funciona diagonal al reclusorio, tiene la misma sensación de inseguridad.

En el albergue      habitan 42 niños    cuyas edades oscilan   entre los  5 y 17 años. Ellos   reciben alimentación y educación.
 
Manzaba dice que cuando hay balaceras los dejan   en  las casas. Cortamos el monte   porque temíamos que los presos que se fugaran se escondieran allí”.

Kleber Salazar le saca provecho a la presencia de la Penitenciaría. Contó que los miércoles y los fines de semana aumenta la venta de tarjetas para celulares. Familiares y amigos que visitan a los internos son sus principales clientes.

Algunos  informales venden  agua embotellada, golosinas, refrescos, comida preparada y otros   cuidan  los vehículos.

La Penitenciaría del Litoral  está localizada cerca del parque industrial y de otros comercios. Fue construida en 1958, pensando en 1 500 internos, pero ha albergado hasta a 6 952 reos.

En junio de 2007, la Policía presentó un informe de las deficiencias del penal. En el documento se señala  que estaba por colapsar porque su población carcelaria sobrepasó su capacidad en un 300%, lo que  generó  hacinamiento, insalubridad y violencia.

Además, advierte  que los 80 guías eran insuficientes para controlar a los reos. El informe firmado por el entonces jefe operativo de la Unidad de Vigilancia Norte (UVN), Fausto Merino, señala que  los guías   “no han sido preparados técnica y profesionalmente para ejercer su función. Eso no les permite ejercer un control eficiente al interior del centro penitenciario...”.

La   Unidad de Vigilancia Norte es una  división policial  que  está a cargo de la seguridad externa del penal.  

El actual Gobierno incrementó el número de guías a 100 y   redujo la población carcelaria a 4 000, mediante el programa de la Defensoría Pública Estatal y la aplicación de la caducidad de la prisión preventiva.

También, entregó nuevos pabellones y áreas destinadas para   los reclusos. Sin embargo, esta acción  resulta insuficiente  para desterrar   la violencia.
Hace un mes, un grupo de 113 internos denunció en la Fiscalía a sus compañeros Calixto Quevedo, Jaime Muñoz y otros  nueve   reos del pabellón B Bajo.

Según ellos, estos reos querían   extender sus dominios y sus ilegales negocios de venta de drogas y armas hasta el pabellón B Alto.
Los denunciantes dijeron que eran extorsionados y hasta amenazados de muerte para que cedieran su espacio.

El Municipio porteño y los gremios empresariales dieron su apoyo.  Construyeron un pabellón de máxima seguridad, a un costado de la Penitenciaría. 

La obra costó USD 1,8 millones y fue concluida en agosto del año pasado. Aunque tiene  sistemas de seguridad y con celdas bipersonales, aún     no  funciona,  porque el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Prisiones no  reciben la obra  de forma oficial. El Gobierno pidió mejoras.   

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