17 de septiembre de 2018 00:00

Íñigo Salvador: ‘Renegociaré los contratos con los estudios jurídicos’

Entrevista a Íñigo Salvador C., procurador general del Estado. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.

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Mayra Pacheco

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Tras un mes y 12 días al frente de la Procuraduría General del Estado, Íñigo Salvador hizo un balance de los temas pendientes que tiene esta entidad, la cual estuvo durante una década bajo el mando de Diego García.

¿Qué ha advertido en este período al frente de la Procuraduría?

En este tiempo se ha puesto la casa en orden, restablecido procedimientos, reorganizado las unidades internas, designado a autoridades. Además, por el resultado del laudo parcial de Chevron y porque tengo la impresión de que este sistema no estaba funcionando bien, se inició un análisis sobre cómo se llevaron los procesos judiciales internacionales, sobre la efectividad de la defensa y del sistema que se emplea hace 10 años para contratar estudios jurídicos.

¿Qué dudas le genera el sistema de contratación de los estudios jurídicos?

De entrada, podría decir que no es el adecuado, porque no ha generado una capacidad propia dentro de la Procuraduría. Lo que se está haciendo es pagar para que otros lo hagan.

¿Los funcionarios de la Procuraduría no están en condiciones de asumir esos casos?

Los funcionarios participan muy marginalmente en la toma de decisiones procesales y no tienen la capacidad necesaria, en cuestión de conocimiento y en términos operativos para hacer una supervisión real de los casos. Esto hace que la Procuraduría se convierta en una especie de buzón, entre las entidades directamente involucradas y los estudios jurídicos extranjeros. Eso está mal, no digo que se reemplace a los estudios jurídicos, pero la Procuraduría debería tener su capacidad propia para generar eficiencia en el manejo de recursos.

¿Cuánto ha destinado Ecuador para su defensa?

Son más de USD 318 millones en 77 casos, entre el 2005 y septiembre del 2018. Esto incluye los honorarios de los abogados, gastos arbitrales y peritajes.

¿Cuál es su balance de la defensa de Ecuador?

La estamos evaluando y vamos a hacer lo mismo con cada uno de los estudios jurídicos. Mi intención es renegociar todos los contratos con estos estudios.

¿Por qué quiere renegociar los contratos?

Porque los honorarios son demasiado altos, es una cosa de supervivencia. No es posible que en estas circunstancias de déficit fiscal se haya gastado USD 71 millones en honorarios, gastos de peritajes y gastos arbitrales solo para el caso Chevron 3.

¿Ecuador seguirá trabajando con el estudio Winston & Strawn en el caso Chevron 3?

Es que es muy mala estrategia cambiar de abogados en medio del proceso. Y, al ser un caso tan largo y con tanto volumen, los únicos que conocen el caso al revés y al derecho son los abogados que lo manejaron.

¿En qué consistirá la renegociación de los contratos con esos estudios?

Los argumentos se presentarán ante 15 estudios jurídicos. Es lo mínimo que puedo hacer. La forma como se paga a los abogados internacionales ha sido por demás liberal, poco sujeta a controles y a un principio básico de buena administración, como lo haría un buen padre de familia.

¿Aquí no hubo un buen padre de familia?

Definitivamente no, hubo un padre de familia botarata.

¿En función de los resultados se tomará acciones en contra de ese padre de familia botarata?

De ese padre de familia y de todas las personas que jugaron este juego.

¿Qué hechos le alertaron respecto a ese supuesto manejo liberal?

Un caso, en que Ecuador y una firma colombiana recurren a un arbitraje en España. Todos son hispanohablantes y se contrata a un estudio en Suiza, donde el jefe de los abogados no habla español.

¿Cuál será su postura ante los 36 procesos en contra y 27 notificaciones de arbitraje?

Soy partidario de tratar de arreglar todos estos problemas, incluso los arbitrajes que ya están en curso con aquellas contrapartes que crean que se puede llegar a una solución amistosa. Ya se ha visto que, en algunos casos, los arbitrajes no dan buenos resultados.

¿Cuál será la posición frente al laudo del caso Chevron 3?

Nuestra obligación legal es utilizar todos los recursos que da el derecho internacional para intentar evitar que el laudo que obliga a indemnizar a Chevron y a dejar sin efecto la sentencia se ratifique. Y si no logramos eso, que el nuevo fallo en la fase de cuantía no sea excesivamente oneroso para Ecuador.

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