9 de junio de 2019 00:00

Carlos Pérez: ‘El país dijo sí a la minería en la consulta del 2018’

Entrevista a Carlos Pérez ministro de energía y recursos no renovables. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.

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Mónica Orozco

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Esta semana se lanzó la política minera, en medio de la incertidumbre por el pedido de consulta antiminera. ¿Es viable pensar en un país minero?

Esa es la decisión del Gobierno. Tenemos recursos muy importantes y creo sinceramente que se tiene que hacer un uso responsable de esos recursos para beneficio de todos los ecuatorianos.

Pero el pedido de consulta antiminera que trata la Corte Constitucional puso en entredicho esa meta.

La minería es un plan de interés nacional. Consultas que se hacen a escala puntual o local creo que no son lo mejor.

¿Se debe ir a una consulta nacional sobre el tema?

No. El recurso pertenece a los 17 millones de ecuatorianos y ellos, a través de sus votantes, ya se pronunciaron en la consulta que se hizo el año pasado, donde pidieron desarrollar la minería de forma responsable. Pero el tema se presta para juegos políticos donde ciertos actores buscan suspender proyectos. Eso hace un tremendo daño al país, ahuyenta a la inversión. Lo que necesitamos es que las cortes realmente analicen la información que se entrega y que no se dejen presionar por actores políticos. Lamentablemente, eso está sucediendo.

¿Cuál es el ‘plan b’ del Gobierno si la Corte da paso a esta consulta local?

Las consultas como la que se hicieron en Girón no pueden ser retroactivas. Lamentablemente no se están analizando los proyectos de acuerdo con toda la información.

¿A qué se refiere?

El miércoles pasado, en la audiencia que hizo la Corte para tratar la nueva consulta antiminera, se dedicó poco tiempo para recibir la información técnica y jurídica y se dio prioridad para escuchar argumentos de actores políticos. Una corte debe tomar una decisión con base en argumentos técnicos. Es lo único que pedimos como Ministerio. Hubo muy pocas preguntas de parte de los jueces respecto de argumentos legales y eso puede significar que conocen bien esa parte o que no les interesó, lo cual sería muy crítico.

Pero ¿hay un ‘plan b’ en caso de que el fallo de la Corte sea en contra?

No hay un ‘plan b’, está en manos de la Corte. Acabamos de publicar la política minera y en el Código Ambiental, que ya fue publicado, también está claramente definido cuándo proceden las consultas. Esperamos ahora que, con base en esos insumos, los jueces hagan un análisis adecuado y determinen cuándo no hay lugar a las consultas.

¿Qué está atrás del último pedido de consulta?

La minería ilegal, que no paga impuestos.

¿Cuántos proyectos están en riesgo por un eventual fallo en contra?

Hay grandes proyectos que están en fase avanzada: Mirador y Fruta del Norte, en Zamora Chinchipe; San Carlos Panantza, en Morona Santiago; Loma Larga y Río Blanco, en Azuay. Luego tenemos otros seis que están en exploración. Todos los proyectos tienen comprometidas inversiones por USD 3 800 millones. Están también en riesgo exportaciones por 3 600 millones, que se darían desde ahora hasta el 2021. Además, están arbitrajes que podrían darse si llega a suspenderse algún proyecto. También hay 900 emprendimientos; solo en Mirador las compras locales llegan a USD 48 millones. Otro perjuicio será en el empleo; tenemos más de 32 000 puestos de trabajo en esta actividad.

¿Qué efecto están teniendo las consultas locales en las inversiones, actuales y potenciales?

Las empresas están nerviosas y piden el esclarecimiento de estos temas. Por eso, el Gobierno tomó una postura muy fuerte respecto a la minería: somos un país minero, vamos a respetar los contratos. A mí me gustaría preguntarles a los alcaldes o prefectos de dónde van a pagar una demanda por una de estas empresas.

El Gobierno impulsa la minería, pero otros entes parecen ir en otra dirección. ¿Cómo avanzar en medio de esos tropiezos?

Si nos permiten trabajar, la expectativa es que la minería pase a ser el 4% del PIB del país, es decir que después del petróleo será el segundo rubro de exportación. Si bien las cortes locales y la Contraloría están haciendo ciertas observaciones, presentaremos los argumentos para que estas entidades entiendan la importancia y actúen en derecho. Se debe recordar que un 60% de las regalías mineras regresa a los gobiernos locales.

Las comunidades locales son las que tendrán que convivir con esos proyectos, quizá por eso piden pronunciarse.

Nuestra obligación como Gobierno es que el área del proyecto regrese a su normalidad, que se reforeste .

En cuanto a la minería ilegal, ¿cuál es la salida para Buenos Aires?
Hay que ver cómo formalizar a la minería ilegal, pero no puedo decir si esta es una opción en Buenos Aires, porque el sitio se salió de las manos: hay narcotráfico, guerrilla, contaminación. Estamos trabajando en una intervención.

¿Cuántos focos de minería ilegal existen en el país?

Varios. Buenos Aires, Cielito, Alto Nangaritza, Zaruma.

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