17 de septiembre de 2018 00:00

Empresas estatales ineficientes o que viven del Fisco, a liquidación o fusión

El 24 de agosto pasado, en el Gabinete se analizaron medidas como la optimización de las empresas, en Macas. Foto: archivo/ EL COMERCIO.

El 24 de agosto pasado, en el Gabinete se analizaron medidas como la optimización de las empresas, en Macas. Foto: archivo/ EL COMERCIO.

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Mónica Orozco
y Gabriela Quiroz
Editoras (I)

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Las empresas públicas que dependen de los fondos del Presupuesto General del Estado, que cambiaron su giro de negocio con un impacto negativo en sus resultados o que tienen administraciones deficientes encabezarán el plan de optimización del Estado.

Esta iniciativa, que forma parte del saneamiento fiscal, incluirá la venta, liquidación, fusión y alianzas estratégicas de una veintena de firmas, que hasta julio pasado, registraron un patrimonio global de USD 34 449,4 millones.

En la evaluación de este paquete empresarial participan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF.

Tras un primer diagnóstico de estos entes, se definió un proceso de seis fases. Una de ellas es el de evaluación y valoración, que tardará entre 90 y 120 días. En esta etapa se hará un análisis financiero, que permitirá ver cuáles son viables, según sus resultados.

Por ejemplo, los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR EP) y los Ferrocarriles del Ecuador registran pérdidas por tres años consecutivos cada una. Solo la última tiene pérdidas que ya suman USD 25 millones.

La Empresa Pública Cementera cambió su giro de negocio y se convirtió en intermediaria de materiales de construcción, cerrando su producción y arrojando cifras negativas, entre 2017 y julio del 2018. Esta misma debilidad muestra Fabrec, empresa metalmecánica y de prendas de vestir, cuya disolución ya estaba contemplada desde el Gobierno anterior.

Francisco Rendón, titular de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), que lidera este proceso con los ministerios de Trabajo, Finanzas y Senplades, explica que uno de los criterios acordados es que una firma que vive de fondos públicos no es una empresa.

Explica que se crearon firmas para facilitar la contratación pública, pero esa no era su misión. A partir del 2016, cuando cayó el precio del crudo, hubo un impacto en la caja fiscal y en consecuencia se retrasaron aportes, suspendieron proyectos y algunas empresas se mantuvieron a flote como podían. “Eran rentables mientras tenían plata del Estado”.

La evaluación y posterior decisión irá encaminada a corregir estas distorsiones. En este grupo, por ejemplo, está Ecuador Estratégico, que nació durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, para gestionar las contrataciones de obras, como las de Manabí, tras el terremoto. Ahí se analiza una posible liquidación o fusión con Casa para Todos EP.

Otra fase se relaciona con las auditorías de los estados financieros, por parte de Contraloría, ente actualmente abarrotado de procesos en marcha.
En este punto se han enviado balances del 2017 de 21 firmas a la entidad de control. Celec, Astinave, Empresa Pública del Agua, Santa Bárbara, los CEAR y Fabrec cuentan con informes borrador del 2016.

Además, solo nueve empresas tienen normas internacionales de información financiera (NIIF), un elemento que exigen los inversionistas.

Respecto a la evaluación, optimización y control del uso de recursos, Eduardo Jurado, secretario General de la Presidencia, explicó que con el decreto 135 de septiembre del 2017, en el cual se establecieron normas de austeridad del gasto público, se está generando una optimización de USD 466,8 millones, que corresponden a 15 empresas.


Proyectó que se ahorraría 350 millones con el proceso anunciado en este año.
La optimización también busca el achicamiento de las estructuras administrativas planas e ineficientes e incluye una reducción de personal. Desde abril del 2017, según Jurado, se ha reducido 1 270 servidores de un total de 39 792.

La liquidación de personal de las empresas que sean liquidadas se prevé que costará USD 6 millones hasta el 2021, sin considerar el rubro de jubilación patronal. En esta lista están Fabrec, Ecuador Estratégico, Cementera y Yachay.

Enfarma es la única empresa que ya está en liquidación y Rendón ha exigido que hasta fines de este mes se presente un cronograma para acelerar su cierre. Esta firma se creó en diciembre del 2009 y nunca produjo un medicamento.

Entre el 2015 y 2017 registró USD 8,3 millones de pérdidas para el Estado y no hay informes de Contraloría. La fusión de las empresas eléctricas, es decir, Celec y Cnel, está condicionada a una auditoría.

En otro grupo de empresas se destaca la CNT, considerada “una vaca lechera” para el Estado por sus líneas de negocio de Internet y cable.

Según Jurado, el marco regulatorio permite la participación de otras empresas públicas y privadas en la delegación de la administración y gestión de CNT, que tiene USD 2 486,6 millones de activos.

Esto también aplicaría para Tame y Flopec. Esta última era una empresa rentable, pero Monteverde y otros proyectos ajenos a su misión exigieron endeudamiento y afectaron sus balances desde el 2017.

Para el proceso, el país gestiona un crédito de USD 25 millones con el BID, que está por concretarse en estos días.

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