El presidente Lenín Moreno (c) participó el 15 de junio en Guayaquil en una cita con empresarios. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
El Gobierno y los empresarios de siete sectores productivos firmaron el viernes 15 de junio del 2018, en Guayaquil, un convenio simbólico de inversión por USD 9 435 millones. 114 compañías se comprometieron a desembolsar los recursos en 48 meses.
Los inversionistas están a la expectativa de la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, que está tramitándose en la Asamblea Nacional.
Ese valor servirá para ampliar o abrir nuevas plantas, levantar centros comerciales, mejorar procesos agrícolas, crear nuevas líneas de productos, entre otros.
El presidente Lenín Moreno y el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, fueron los encargados de transmitir el mensaje del Gobierno que un inversionista quiere escuchar: seguridad jurídica.
Y la reforma económica va en esa línea. “No es solamente incentivos tributarios, brindará seguridad jurídica, rompiendo los candados que no permitían la llegada de inversión”, dijo Campana en la cita donde participaron ejecutivos de las empresas privadas.
El funcionario anunció un trabajo conjunto con los distintos poderes del Estado, principalmente con el Ejecutivo, Legislativo y Judicial para “brindar esa seguridad que demandan los inversionistas”.
Sostuvo, además, que era hora de dejar las ideologías por el progreso del país. Los montos comprometidos, explicó, no son deudas ni garantías soberanas sino inversión privada directa, en alusión al problema del endeudamiento público durante la última década.
“Alguna vez hablamos de una Ley de repatriación de capitales, pero esto no fue necesario. Brindando confianza, seguridad jurídica, los capitales van a regresar”.
De los USD 9 435 millones que los empresarios ofrecen inyectar en nuevo capital, el 85% corresponde a inversión extranjera, según el Gobierno.
Campana señaló que ello dinamizará la economía y sostendrá la dolarización. El impacto -especificó- será generar USD 5 900 millones adicionales al PIB durante los próximos cuatro años, lo cual permitirá un crecimiento adicional del 1% anual del PIB y la apertura de 232 000 plazas de empleo.
El sector empresarial se mostró optimista. Caterina Costa, presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, refirió que su sector prevé invertir USD 1 500 millones en áreas como bebidas, telecomunicaciones y alimentos.
Agregó que están a la espera de la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, que plantea incentivos para las nuevas inversiones.
La normativa refleja “un cambio de timón”, luego de 10 años en los que los constantes cambios de reglas de juego ahuyentaron a la inversión.
En el proyecto se contempla, entre otros beneficios, una única remisión tributaria e incentivos a las nuevas inversiones. Por ejemplo, quienes se instalen en Quito o Guayaquil tendrán un beneficio de exoneración de impuesto a la renta (IR) de 5 a 10 años, mientras para las inversiones que se registren en las zonas fronterizas, deprimidas y en la Amazonía habrá una exoneración de ese impuesto por 20 años.
Iván Ontaneda, de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, añadió que este sector inyectará en los próximos tres años USD 1 000 millones en inversiones para sectores tradicionales y no tradicionales, entre los cuales está el atún, el camarón y el cacao.
Según el directivo, el sector frenó sus inversiones en el pasado porque no había confianza. “Ahora existe un norte claro, hay reglas claras, hay una seguridad jurídica, existe empatía, existe coherencia de parte de la política pública que era lo que venía reclamando el sector empresarial”.
Una de las empresas que invertirá es el Grupo Quezada. Wilmer Quezada, su vicepresidente, indicó que destinará USD 6 millones en el primer año para ampliar nuevas líneas de ensamblaje y producción electrónica en el país. Actualmente ensambla televisores.
“Estamos revisando los beneficios que han anunciado, una vez que se apruebe la Ley, como la eliminación del ISD a ciertos productos”, comentó el directivo.
El presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, Bruno Leone, afirmó que el gremio trabaja en un programa de renovación de la flota atunera. El objetivo es concretar la construcción de siete barcos nuevos, lo que representa una inversión de USD 245 millones.
Contexto
La Ley de Fomento Productivo es tratada en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. La iniciativa contiene incentivos productivos, la prohibición para que el BCE preste dinero al F
