Elsa De Mena, exdirectora del Servicio de Rentas Internas. Foto: EL COMERCIO
Entrevista a Elsa De Mena, exdirectora del Servicio de Rentas Internas
¿Cómo evalúa la situación actual que vive el país?
Formo parte del Observatorio de la Política Fiscal; además, tenemos un grupo de economistas y sobre todo de exfuncionarios públicos que tenemos experiencia y vemos con mucha preocupación la situación del país. Hemos hecho recomendaciones al Presidente (de la República), sobre lo que estamos observando.
¿Qué le preocupa?
Para nosotros la situación es realmente difícil. El Estado necesita ajustes importantes, si quiere salir adelante y si queremos defender la dolarización, como es el sentir de la mayoría de ecuatorianos. Si no se hacen los correctivos, lo que se hace es patear la pelota hacia adelante y no se soluciona el problema. A mí particularmente lo que más me preocupa es que la mayoría de ecuatorianos no está consciente de la situación económica que atraviesa el país.
¿Por qué?
Porque al Gobierno le ha faltado decir claramente la situación que vive el país. En el sector público no se siente esto y parece que todo está bien. Es como si un padre de familia no transmitiera a sus hijos que hay una crisis y ellos siguen gastando como si nada, y siguen exigiendo sobre todo.
¿Fallas de comunicación o táctica para no mostrar debilidad política?
Hay que comunicar que hay una situación difícil. Cuando se envió la Pro forma ( a la Asamblea), vinieron, con todo derecho, los pedidos de varios sectores de que ‘a ellos no se les toque’. Y no es así. Es un momento difícil en el que todos tenemos que aportar con algo de sacrificio.
Pero existen sectores, como el de los transportistas, que amenazan y obtienen lo que ellos quieren…
Las decisiones son para todos los ecuatorianos. El principio de igualdad es para todos. Como dice la Constitución, todos debemos contribuir con el Estado.
¿Y los transportistas?
Le voy a responder desde la teoría económica y no desde la visión política, porque las autoridades tendrán sus razones. Desde el punto de vista económico, la subida de la gasolina debía ser para todos. Taxistas incluidos. Y a los taxistas a su vez debería dárseles libertad de precios. Entonces, allí no se podrían quejar, porque el trámite burocrático (para acceder a un subsidio), puede dar paso a corrupción, que es lo que más debemos combatir en la actualidad. En este momento los taxistas se han hecho un grupo privilegiado y no se quieren adaptar a la tecnología. La tecnología se viene y deben estar preparados para saber competir y la mejor forma de fijar los precios sin afectar al consumidor es la competencia y el mercado.
Pero ante el principio de igualdad, el Gobierno cede y llega a acuerdos. ¿En dónde queda este derecho para el resto de ciudadanos?
Desde el punto de vista político, las autoridades tendrán los suficientes elementos. Si bien el Presidente dijo que no recibió la mesa servida, no dijo hasta qué punto estaba la situación y eso conduce a pensar que se pueden hacer este tipo de acuerdos. El transporte público puede tener un subsidio, pero el taxi, no. ¿A quién sirve? Al usuario que tiene la posibilidad de tomar un taxi.
¿Muestra debilidad el Gobierno al ceder? ¿Hay afectación al principio de institucionalidad? ¿Hasta dónde debiera negociar?
En mi criterio, desde el punto de vista económico, no debía haberse otorgado un subsidio a los taxistas. Tampoco habría sido bueno imponerles tarifas, porque eso habría sido estrangularlos.
Si bien se ha llegado a un acuerdo con los taxistas, y con base en ese ejemplo, más adelante vendrán presiones de otros sectores, ¿cuál puede ser ese escenario de gobernabilidad?
Hace unos días, por iniciativa de exfuncionarios del SRI, hubo una reunión de todos quienes hicimos el Servicio de Rentas y comentábamos cosas como estas: una funcionaria decía que en los primeros años se atendía al público en cajones tapados con unas chalinas, como sillas de escritorio, porque no teníamos sillas. Y así hicimos el SRI; y trabajábamos hasta las ocho de la noche, no cobrábamos horas extras, porque teníamos la mística de sacar al país adelante. Esa mística se ha perdido. Entonces ahora, en el sector público se exige más, con todo derecho; todos tenemos necesidades, pero debemos tener conciencia para no exigir tanto y dar un poco de nuestro sacrificio. Durante tres meses, los funcionarios altos del SRI no cobramos sueldo, porque no había plata en ese momento. El petróleo estaba a seis dólares. Los teléfonos pagábamos nosotros. Hacíamos eso por sacar adelante al país, no era por la institución, era por el país.
Entonces, ¿qué debe hacer el Gobierno para crear esa conciencia? ¿Pasa por tener más firmeza en las decisiones que adopta?
Desde luego hay que tener firmeza en las decisiones. Se me viene a la memoria Clemente Yerovi, que -cada vez que le exigían- decía ‘no hay, no hay’. Por eso, la palabra que hay que decir ahora es: ‘no hay’; señores, ustedes tiene razón, pero ‘no hay’. Y ahora debemos sacrificarnos todos, los que están en el sector público, los que están en el sector privado -que al final pagamos la gasolina más cara-, pero queremos ver de parte del Gobierno que no haya derroche, en la administración.
¿Y si no se produce eso?
Pues se destruye todo ese ambiente que debe haber para tomar decisiones. Al Gobierno le hace falta hacer conocer la gravedad de la situación. Y falta hacer conciencia de que todos debemos contribuir. El país no puede seguir endeudándose hasta el infinito, tiene que poner un límite y se deben seguir haciendo ajustes.
Su trayectoria. Economista graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con una Maestría en Derecho Tributario por la Universidad Andina. Fue Directora del Servicio de Rentas Internas (1998-2004).
Su punto de vista. El Gobierno tiene la obligación de informar la real situación económica y a partir de esa transparencia tomar decisiones. Considera que el país no debe seguir endeudándose. El objetivo fundamental es sostener y fortalecer a la dolarización de la economía.
