3 de abril de 2019 13:33

Ejecutivo y Legislativo plantean acuerdo sobre futuro del Cpccs

Este martes 2 de abril del 2019, la Asamblea Nacional arrancó el debate sobre la enmienda a la Constitución. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Este martes 2 de abril del 2019, la Asamblea Nacional arrancó el debate sobre la enmienda a la Constitución. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Roger Velez

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Las autoridades del Gobierno y de la Asamblea apelan a un acuerdo sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), a 10 días que los siete integrantes de ese organismo fueran seleccionados en las urnas.

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, se muestra partidaria de impulsar una enmienda constitucional para que la designación de autoridades de control -que actualmente está a cargo del Cpccs- regrese al Parlamento.

“Los mecanismos de selección se pueden hacer a través de comisiones dentro de la misma Asamblea para que no sean designaciones directas, sino un proceso de selección para cada autoridad que tenga sus reglamentos”, expresó hoy en radio Quito.

Cabezas sostuvo que este debate, que ayer, martes 2 de abril del 2019, arrancó en el Pleno de la Asamblea, “requiere del compromiso político y del acuerdo de todos los actores para buscar la mejor salida”.

En ese sentido también se pronunció el vicepresidente de la República, Otto Sonnehlozner, quien manifestó que en unos 15 días se prevé impulsar desde el Ejecutivo un Acuerdo Nacional, que abordará temas como la seguridad social, educación, salud, entre otros.

Sonneholzner abrió la posibilidad de que en ese marco se discuta el rol del Cpccs y la posible realización de una consulta popular.

“Siempre ha estado en discusión de que no solo el Consejo de Participación, sino ninguna institución pueda correr el riesgo de ser cooptada por una sola organización política”, expresó el Segundo Mandatario.

Para modificar las funciones o eliminar al Cpccs, la ministra del Interior, María Paula Romo, sostuvo que no se requiere de una Asamblea Constituyente, como lo plantea el expresidente, Rafael Correa, y sus asambleístas afines.

Romo y Cabezas, de otro lado, advirtieron que actualmente hay un intento de desestabilizar a la institucionalidad pública por parte del correísmo con denuncias que carecen de fundamentos y legalidad.

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