12 de noviembre de 2020 10:00

Ecuagran fue cancelada del catastro público y ya no podrá volver al mercado de valores

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros canceló la inscripción en el catastro del mercado de valores a la empresa Ecuagran. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros canceló la inscripción en el catastro del mercado de valores a la empresa Ecuagran. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Evelyn Tapia

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros canceló la inscripción en el catastro del mercado de valores a la empresa Ecuagran el lunes 9 de noviembre del 2020.

Esta medida implica la cancelación automática de la inscripción de la empresa y sus valores en las bolsas; es decir, Ecuagran ya no puede volver a participar en el mercado bursátil.

Además, con esta disposición la empresa incurre en causal de disolución, según la Codificación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

La decisión fue tomada por la nueva intendenta del mercado de valores, Linda Toledo y fue comunicada como hecho relevante a las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil.

Ecuagran, fundada en 1974 en Guayaquil, es una de las firmas que cayó en default o moratoria de pagos este año con acreedores en bolsa.

La acción de control de la Superintendencia se toma un año después de Ecuagran ya fue intervenida por la Superintendencia de Compañías.

La intervención se dio entre abril y septiembre del 2019 por haber emitido facturas inorgánicas a Delcorp, su cliente principal y que además figura como uno de sus accionistas.

Según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, las dos empresas están involucradas en una serie de inversiones que perjudicaron el portafolio del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

El Isspol invirtió USD 26 millones en facturas comerciales que colocó Delcorp. Esta última también fue cancelada del catastro el pasado 4 de noviembre del 2020.

El Isspol aún no ha recibido el pago de estos valores y ya emprendió una acción coactiva en contra de las empresas, a través de la Contraloría General del Estado.

Además, Ecuagran adeuda USD 291 562 por cuotas vencidas de una emisión de obligaciones a largo plazo en el mercado de valores.

Por el sigilo bursátil no se conoce a todos los acreedores de estas obligaciones de largo plazo, pero el Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess) confirmó que ha invertido en estas obligaciones de Ecuagran y otros seis fondos complementarios previsionales administrados por el Biess también han invertido en estos instrumentos.

Luis Cabezas-Klaere, procurador jurídico de Ecuagran, señaló que la cancelación no impide que la empresa lleve adelante una solicitud de acuerdo preconcursal en un centro de mediación para pagar su deuda a los acreedores.

El acuerdo preconcursal es un recurso que contempla la Ley de Apoyo Humanitario y plantea que por mutuo acuerdo los deudores podrán suscribir con sus acreedores acuerdos de carácter excepcional mediante los cuales se puedan establecer condiciones, plazos y la reducción, capitalización o reestructuración de las obligaciones pendientes de cualquier naturaleza.

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