TCE sanciona a exministra de Trabajo por no cumplir orden judicial contra Prefecto de Chimborazo

La exfuncionaria fue sancionada con la pérdida de sus derechos políticos y una multa económica tras incumplir una sentencia del TCE.

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La abogada Ivonne Núñez Figueroa, exministra del Trabajo, fue sancionada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tras determinarse que habría incumplido, de manera persistente, las órdenes de la justicia electoral. La denuncia fue presentada por la viceprefecta de Chimborazo, Mónica Carolina Loza Torres, quien acusó a la entonces ministra de no haber registrado correctamente la suspensión de derechos que pesaba sobre el prefecto Hermel Tayupanda.

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El caso se centra en la falta de ejecución de una sentencia previa del TCE. Según las pruebas que aceptó el Tribunal, el Ministerio del Trabajo permitió la emisión de certificados contradictorios: mientras unos reconocían la inhabilitación del prefecto, otros aseguraban que no tenía impedimentos para ejercer cargos públicos. Esta confusión administrativa permitió que el funcionario sancionado intentara retomar sus funciones de una forma irregular.

Sanciones y responsabilidades

El juez Juan Patricio Maldonado concluyó que Núñez, en su calidad de máxima autoridad de la cartera de Estado al momento de los hechos, tenía la obligación de supervisar y garantizar que el sistema de registro fuera fiel a las órdenes judiciales. Al no hacerlo, incurrió en una infracción electoral considerada como muy grave.

Por este motivo, el Tribunal resolvió lo siguiente:

  • Suspensión de derechos de participación: La exministra no podrá ejercer sus derechos políticos por un periodo de tres meses.
  • Multa pecuniaria: Se le impuso el pago de 30 salarios básicos unificados (13 500 dólares al valor actual).
  • Destitución: El fallo señala que, si Núñez todavía estuviera en funciones, habría sido destituida de inmediato. Sin embargo, como ya no ocupa el cargo de Ministra de Estado, la sanción queda como un precedente de su responsabilidad personal.

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La sentencia ratifica que las resoluciones del TCE son de última instancia y de cumplimiento obligatorio para todos los servidores públicos, sin espacio para interpretaciones o retrasos administrativos.

Información externa Derechos civiles y políticos

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