Los agentes de la Fiscalía de Chimborazo investigan las circunstancias en las que Martha Simbaña, concejala de Riobamba, una ciudad andina del Ecuador, permaneció retenida en la comunidad indígena Santa Rosa de Baskitay.
El pasado miércoles 15 de abril del 2015, la funcionaria participaba en un recorrido por cuatro comunidades -que tienen diferendos limítrofes– en compañía de un equipo técnico de la Unidad de Límites del Municipio de Riobamba. También la acompañaban los integrantes de la comisión de límites de la Junta Parroquial de Flores.
Al parecer, los habitantes de las comunas en conflicto estaban en desacuerdo con el trabajo que realizaban los técnicos, por lo que decidieron instalar una reunión en el salón comunitario de Santa Rosa de Baskitay. Los funcionarios municipales permanecieron retenidos en ese sitio desde las 14:30 hasta las 21:00.
“La gente de las comunidades no quiere pertenecer a la parroquia Flores. La comisión que visitó la comunidad empezó a colocar estacas y a marcar los límites sin avisarnos. Eso no lo podemos permitir y por eso la gente se enfureció”, dijo Juan Maya, presidente de la Junta Parroquial de Licto.
El altercado se inició cerca de las 17:30, cuando los comuneros empezaron a golpear a los técnicos. “Nos tuvieron cautivos de una forma muy grotesca, incluso algunos técnicos fueron golpeados por la gente de la comunidad (…). Siete funcionarios del Municipio y la concejal Martha Simbaña fueron víctimas de insultos y a un ingeniero lo golpearon”, contó Wilson Pilco, abogado de la Procuraduría del Cabildo y testigo del hecho.
Cuatro personas fueron agredidas físicamente por la gente enfurecida. Uno de ellos fue Alfredo Gamarra, vocal del Gobierno Parroquial de Flores, quien presentaba varios golpes en la cabeza y extremidades, por lo que tuvo que ser movilizado en una ambulancia al Hospital General de Riobamba.
“Las comunidades nos pertenecen legalmente, eso es lo que dice el acuerdo de parroquialización. No vamos a permitir que nos las quiten y que continúen las agresiones a nuestra gente. Nuestros compañeros estuvieron secuestrados, fueron agredidos y llegaremos a las instancias judiciales”, declaró Rodrigo Quinlle, presidente de la comunidad Shungubug Chico, de Flores.
Entre tanto la concejala Simbaña ya rindió su declaración en la Policía Judicial, pero prefirió no denunciar el secuestro. “Nos encontrábamos dialogando para resolver el conflicto límitrofe”, fue la única declaración de Simbaña.