La Unidad de Asistencia Técnica de San Andrés (Chimborazo) funciona normalmente. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO
La construcción del local de la Unidad Asistencia Técnica (UAT) de la parroquia La Victoria, en el cantón Pujilí, está abandonada.
La obra de una planta no tiene techo, ventanas ni puertas. La cocina está semidestruida, y los cuartos y corredores están cubiertos con el agua de la lluvia y lodo. La obra se levanta en el barrio Mulinliví, en el ingreso al poblado de Cotopaxi.
Diario EL COMERCIO realizó un recorrido y observó que la obra está a medio construir.
A 60 metros de la UAT, la moradora María Toapanta cuenta que la obra se destruye poco a poco y nadie la termina. “Una vez nos dijeron que es de propiedad del MAG, pero nunca nos informaron del tema y no sabemos para qué es”.
La edificación es una de las 21 Unidades de Asistencia Técnica (UAT) construidas en Cotopaxi como vivienda y oficina para los especialistas del MAG y, ocasionalmente, para los técnicos del Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES) y BanEcuador, encargados del asesoramiento a los productores agrícolas y pecuarios del sector.
Las obras fueron contratadas por el ex Instituto de Contratación de Obras (ICO), creado en el 2011, y el Servicio de Contratación de Obras (Secob).
Según un informe difundido por el MAG, en Tungurahua se edificaron 16 UAS, 20 en Chimborazo y 21 en Cotopaxi.
En Cotopaxi, 19 de las 21 obras tienen problemas por la legalización de tierras, porque fueron donaciones de las comunidades o en comodato. Además de los inconvenientes legales, también hay problemas de tipo económico para finalizar la edificación.
Esta unidad de La Victoria, en el cantón Pujilí, tiene un avance de construcción del 35%. Foto: Modesto Moreta / EL COMERCIO
El documento establece que las obras de la UAT de La Victoria, Angamarca, Pilaló y Pinllopata presentan un avance del 35%, mientras que en la comunidad Palo Quemado está construida en un 98%. En otras 17 obras se tramita la suscripción de las actas de entrega-recepción entre el MAG y el Secob. El estudio da cuenta que 13 están en uso, siete siguen pendientes y solo una pasó a manos del MAG.
El Secob insiste en que la situación actual es por los incumplimientos de los contratistas. “Se realizó la terminación anticipada de los contratos, en su mayoría por incumplimiento de cronogramas, incumplimiento de las cláusulas contractuales, entre otros”.
Por eso se hizo un nuevo contrato y ya fueron terminadas, excepto las UAT de Angamarca, La Victoria, Pilaló y Pinllopata. Al momento se realizan las gestiones para la asignación de recursos.
En Chimborazo y Tungurahua las obras se encuentran concluidas y se realizan las gestiones pertinentes con el MAG para la entrega-recepción de las obras.
El ex ICO construyó cuatro unidades en las parroquias Santa Ana, Antonio José Holguín y Cusubamba, en Salcedo, por un monto inicial de USD 175 609,77, pero al final costaron USD 262 852,88. El plazo fue de 45 días de acuerdo con el proceso publicado en el portal de Compras Públicas.
En Chimborazo, las 20 UAT están en funcionamiento y fueron edificadas entre el 2016 y 2017 por el Secob.
La infraestructura se levanta sobre un espacio de 80 metros cuadrados. Allí viven los técnicos pecuarios y agrícolas. Alberga a los cuatro técnicos que capacitan y asesoran a los ganaderos y agricultores. Ocasionalmente funcionan como oficinas de técnicos de BanEcuador y del MIES.
“Tenemos una unidad de asistencia técnica para cada parroquia de la provincia, funcionan como base de operaciones para nuestros técnicos y están equipadas para sus tareas”, explica Carlos Mora, coordinador de planificación del MAG en Chimborazo.
En esa provincia funcionan 40 UAT, de las que 20 están instaladas en casas arrendadas o en comodato.
Según esta entidad, ocho de las 20 unidades construidas en la provincia como plan piloto registraron problemas económicos y legales. Sin embargo, fueron solucionados hasta marzo pasado y están en funcionamiento.
Las ocho unidades que tuvieron problemas económicos se debieron a que los dos contratistas que construyeron las UAT de Guano, Ilapo, La Providencia, San Andrés y Santa Fe de Galán quebraron.
Mora dice que el problema se dio en la legalización de los terrenos por donación o en comodato, pero todo fue solventado. Por eso fue necesario volver a subir el proceso a compras públicas y asignar el faltante de la obra a un nuevo contratista. El valor se incrementó de USD 306 963,67 a USD 325 062,64.
El Secob justifica el incremento al afirmar que “las UAT son obras estandarizadas, con un presupuesto como tal. En los contratos no se consideró las obras de adaptabilidad e implantación, como tampoco rubros nuevos e incrementos necesarios para culminarlas”.