
El expresidente Rafael Correa podría adeudar un nuevo proceso penal con la justicia ecuatoriana. Esta mañana, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, presentó este lunes 22 de junio de 2026 una denuncia ante la Fiscalía General por una supuesta red de espionaje en Segura EP que habría sido liderada por el exmandatario, quien reside en Bélgica desde 2017.
Según el sistema Satje del Consejo de la Judicatura, Correa acumula 47 procesos judiciales en su contra, que datan desde junio de 2001 hasta mayo de 2025.
Su trayectoria política, donde se destacó como el presidente con más años continuos en el poder (10 años), se ha visto empañada por acusaciones graves que lo han convertido en un prófugo de la justicia.
Las denuncias en su contra incluyen delitos como traición a la patria y actos de odio contra el expresidente Lenin Moreno. Además, figura como testigo no identificado en la investigación del asesinato del periodista Fausto Valdiviezo.
A pesar de estas acusaciones, Correa también ha presentado denuncias, incluyendo falsos testimonios y robo.
Solo 1 de cada 10 procesos que tiene Rafael Correa pueden ser juzgados en ausencia. Los otros procesos solo pueden hacerse en presencia para posteriormente iniciar sus repectivos juicios.
En el caso del asesinato del periodista Fausto Valdiviezo, ocurrido el 11 de abril de 2013. Correa se encuentra como testigo no identificado junto a otras personas como Fernando Balda, José Serrano, Álex Carrera, Lady Zuñiga, entre otros.
Aunque formalmente no ha sido acusado, ni procesado penalmente, en enero de 2019 fue llamado a rendir su versión a través de videoconferencia desde Bélgica. La comparecencia no pudo llevarse a cabo debido a la inasistencia de los abogados del exmandatario y a problemas de conectividad.
Finalmente, el caso se archivó y quedó en la impunidad, sin sentenciados. El crimen ocurrió el 11 de abril de 2013.
El 12 de abril de 2024, Ivonne Nuñez, exministra del Trabajo, denunció a Correa por traición a la patria tras sus declaraciones sobre la detención de Jorge Glas en la Embajada de México, en Quito, el 6 de abril de 2024.
Este delito podría acarrear penas privativas de libertad entre siete y diez años.
“Ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país. No vivimos un Estado de derecho, sino un Estado de barbarie, con un improvisado que confunde la Patria con una de sus haciendas bananeras”, dijo en ese entonces en un mensaje de X.
Correa fue vinculado al secuestro del activista Fernando Balda, ocurrido en Bogotá en 2012. En 2018 fue llamado a juicio. Sin embargo, este juicio no ha podido avanzar debido a su ausencia en Ecuador y mantiene una orden de captura internacional.
En el caso Sobornos, pesa sobre él una sentencia por el delito de cohecho. Fue condenado a ocho años de prisión, junto con Jorge Glas, tras ser hallado culpable dentro de una trama de corrupción que operó durante varios años.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía sostuvo que existió una estructura organizada que recibió pagos indebidos de contratistas del Estado a cambio de la adjudicación de obras y contratos públicos. Según la investigación, estos recursos habrían servido para financiar actividades políticas y beneficiar a funcionarios vinculados al esquema.
Este lunes 22 de junio, Nataly Morillo presentó una nueva denuncia contra la empresa Segura EP por presuntos delitos relacionados con el uso indebido del sistema de videovigilancia. La ministra afirmó que estos sistemas fueron utilizados para fines políticos y persecución contra opositores, y que quien estaría detrás de todo esto sería Correa.
Segura EP enfrentará una investigación por presunto delito de peculado, uso indebido de información pública e intimidación, entre otros delitos que la Fiscalía pueda encontrar durante su indagación.
Informe extra: Rafael Correa.