
En mayo de 2026, el Ministerio de Educación emitió nuevas directrices para regular el ingreso de personal de apoyo externo a las instituciones educativas de Ecuador. Esta medida abrió un debate entre familias, especialistas y organizaciones vinculadas con personas con discapacidad, que advierten un posible aumento del costo del acompañamiento que necesitan algunos estudiantes con autismo y otras discapacidades.
La nueva directriz reemplaza la denominación de profesor sombra por docente de apoyo externo y clasifica al personal de apoyo en tres grupos: docente de apoyo externo, acompañante terapéutico y persona de cuidado personal.
El principal cambio recae sobre el docente de apoyo externo, ya que el Ministerio exige que esta función la desempeñe un profesional de la educación. Además, establece que las familias presenten informes médicos para justificar la necesidad del acompañamiento dentro de la institución educativa.
El profesor sombra acompaña de forma individual a estudiantes con autismo u otras discapacidades que necesitan apoyo específico durante la jornada escolar.
Andrea Simbaña, quien trabajó como profesora sombra, explicó que su función no consiste en reemplazar al docente titular.
Su trabajo busca identificar las necesidades del estudiante, detectar barreras para el aprendizaje y conectar esas necesidades con las estrategias pedagógicas aplicadas en coordinación con los docentes y la familia.
Las familias ya asumían el costo de los profesores sombra antes de la emisión de las nuevas directrices. Cynthia Andino, presidenta de la Fundación Aleluya del Ecuador, explicó en la Asamblea Nacional el 14 de julio que los padres podían contratar personas con formación técnica para cumplir este acompañamiento.
Sin embargo, la nueva regulación limita esa posibilidad, ya que los familiares pueden intervenir únicamente en tareas de cuidado personal, mientras que el acompañamiento educativo debe quedar a cargo de un profesional.
El costo del acompañamiento representa una de las principales preocupaciones. Andino señaló que un docente de apoyo externo puede cobrar entre 600 y 800 dólares mensuales, y en algunos casos, el valor supera los 1 000 dólares.
Simbaña indicó que el costo puede ubicarse entre 300 y 1 000 dólares mensuales, según la jornada y las necesidades del estudiante. Las organizaciones consideran que exigir exclusivamente profesionales puede reducir la oferta disponible y elevar los precios.
La salida repentina de un profesor sombra puede afectar a cada estudiante de manera distinta.
Simbaña explicó que algunos niños pueden presentar dificultades para adaptarse a los cambios, aumento de ansiedad y menor participación en actividades escolares. Además, pueden registrarse retrocesos en habilidades previamente adquiridas.
La Fundación Aleluya presentó una impugnación administrativa contra las nuevas directrices del Ministerio de Educación.
Las organizaciones cuestionan que el documento no conste en el Registro Oficial y reclaman que el Estado traslada a las familias el costo del apoyo necesario para participar en igualdad dentro del sistema educativo.
Hernán Acevedo, docente de la Escuela de Derecho de la UIDE, considera que la educación inclusiva es un derecho constitucional.
Desde su análisis, existe un riesgo cuando el acceso al acompañamiento depende de la capacidad económica.
Acevedo sostiene que trasladar completamente ese costo a los padres puede generar discriminación indirecta contra hogares con menos recursos.
Acevedo plantea que el Estado asuma el financiamiento del personal especializado o establezca mecanismos públicos para cubrir el acompañamiento.
También propone institucionalizar estas figuras dentro del sistema educativo y consultar a organizaciones antes de emitir nuevas reglas.
Simbaña agrega que se debe fortalecer la capacitación y el acompañamiento a los docentes titulares para responder a las necesidades dentro del aula.
La aplicación de esta directriz mantiene abierto el debate sobre el financiamiento del acompañamiento educativo. Mientras las familias piden revisar las nuevas reglas, especialistas insisten en garantizar la inclusión sin depender de la capacidad económica.
Este Diario solicitó información al Ministerio de Educación sobre este tema el viernes 17 de julio de 2026. Hasta el cierre de este reportaje, viernes 24 de julio, la cartera de Estado no emitió una respuesta.
El Ministerio de Educación reemplazó la denominación de profesor sombra por docente de apoyo externo y estableció tres categorías de acompañamiento: docente de apoyo externo, acompañante terapéutico y persona de cuidado personal.
La nueva directriz exige que el docente de apoyo externo sea un profesional de la educación y solicita informes médicos que justifiquen la necesidad del acompañamiento para estudiantes con autismo u otras discapacidades.
El docente de apoyo externo acompaña de forma individual al estudiante durante la jornada escolar, identifica necesidades educativas y trabaja junto con docentes y familias para reducir barreras de aprendizaje.
Especialistas explican que esta figura no reemplaza al docente titular, sino que complementa el proceso educativo mediante estrategias adaptadas a las necesidades del estudiante.
Las familias sostienen que la exigencia de contratar profesionales de la educación puede elevar los costos mensuales del acompañamiento. Los valores mencionados oscilan entre 300 y 1 000 dólares mensuales, aunque algunos casos superan los 1 000 dólares.
Antes de la nueva directriz, algunas familias contrataban personas con formación técnica para cumplir este rol. La nueva regulación limita esa posibilidad y reserva el acompañamiento educativo para profesionales.
Organizaciones de apoyo advierten que algunas familias podrían no acceder al acompañamiento por razones económicas, lo que afectaría la permanencia y participación de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo.
Especialistas señalan que cambios abruptos en los apoyos pueden generar dificultades de adaptación, aumento de ansiedad, menor participación escolar o retrocesos en habilidades adquiridas.
La Fundación Aleluya presentó una impugnación administrativa contra las nuevas directrices y cuestionó que el costo del acompañamiento recaiga principalmente en las familias.
Expertos en derecho educativo plantean que la inclusión debe garantizarse como un derecho y que el Estado debería establecer mecanismos de financiamiento, personal especializado o apoyos públicos para evitar desigualdades por capacidad económica.