
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador anunció un ajuste en el límite de ingreso de bebidas alcohólicas para viajeros internacionales. Desde el 4 de mayo de 2026, los pasajeros podrán traer hasta tres litros de licor sin pagar tributos, en lugar de los cinco litros que se permitían hasta ahora.
La entidad aclaró que este es el único cambio dentro de la normativa vigente sobre efectos personales de viajeros. El resto de disposiciones se mantiene sin modificaciones.
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La medida responde a un uso que se aleja del objetivo original del beneficio. Según el Senae, el cupo libre de impuestos fue creado para consumo personal. Sin embargo, se identificaron casos en los que se utilizó para abastecer negocios informales.
Las cifras respaldan la preocupación. Solo en 2024, el ingreso de licor bajo esta modalidad alcanzó cerca de 694 000 litros. Este volumen evidencia un crecimiento sostenido que, según la autoridad aduanera, genera distorsiones en el mercado.
El Senae sostiene que este uso indebido afecta directamente a quienes operan dentro del marco legal. Entre los perjudicados constan productores nacionales, importadores formales y trabajadores vinculados a la cadena de comercialización de bebidas alcohólicas.
La reducción del cupo busca equilibrar las condiciones de competencia. La entidad apunta a fortalecer el comercio formal y evitar prácticas que debiliten la industria local.
El incremento previo del límite, de tres a cinco litros, se aprobó durante la administración anterior. Según el Senae, esa decisión no contó con un informe de impacto económico ni siguió los procesos establecidos por la normativa vigente.
Por este motivo, el caso fue remitido a la Contraloría General del Estado, con el objetivo de que se determinen posibles responsabilidades.
El ajuste no elimina el beneficio, sino que lo redefine. Los viajeros aún podrán ingresar licor sin pagar impuestos, pero dentro de un límite que la autoridad considera más coherente con el uso personal.
El Senae recalca que la medida tiene sustento técnico y legal. Además, la institución afirma que continuará aplicando controles para evitar abusos y proteger el mercado formal.
Con esta decisión, la entidad busca enviar una señal clara: el beneficio se mantiene, pero dentro de parámetros que no afecten la competencia ni el empleo en el país.