No resistió más de 12 horas. La noche del 18 de mayo, una llamada desde un dispensario del IESS en el sur de Guayaquil alertaba un cuadro inusual. Un pequeño de 1 año y medio era atendido en la sala de urgencias por golpes que marcaban su cuerpo y que lo habían dejado inconsciente.
Su estado era crítico y no pudieron reanimarlo. Así que luego de reportar a la Policía y al ECU-911 pidieron una ambulancia para trasladarlo al pediátrico Francisco de Icaza Bustamante, donde tampoco lograron estabilizarlo.
Un informe de la Fiscalía revela que la madre del niño, de 16 años, había intentado ‘corregirlo’. Dijo que lo hizo junto a su pareja de 31 años -el padrastro del pequeño- porque “era inquieto y malcriado”.
Entre cuatro y cinco alertas por supuesto maltrato se activan en el Francisco de Icaza cada semana, en el área de Emergencias, que recibe a más de 30 pacientes al día. Casos más extremos, como el reciente, se reportan uno en promedio cada dos meses. Una fiebre o una caída suelen ser los pretextos para el ingreso hospitalario. Luego, el chequeo revela huellas de violencia física, psicológica, sexual e incluso negligencia en el cuidado.
Ante estas sospechas, la directora asistencial del pediátrico, Patricia Parrales, explica que el niño es hospitalizado y se activa un protocolo por casos de violencia de género del Ministerio de Salud. Los médicos llenan el formulario 094 para notificar la presunción de maltrato y, a través del departamento legal, se deriva el caso a la Fiscalía o a la Junta Cantonal de Protección de Derechos.
El protocolo
“Hemos visto hematomas, excoriaciones (laceraciones en la piel)y los familiares pueden decir que el niño estuvo jugando. Pero cuando vemos que tiene bajo peso, luce descuidado, sucio, que es retraído o casi no interactúa, son indicios para empezar una investigación más dirigida”, dice Parrales.
El protocolo se afinó en septiembre, cuando no se denunció oportunamente un caso de violación y tortura. Fue un niño de 6 años que había pasado por tres hospitales de Guayas con quemaduras en el 80% de su cuerpo y golpes en la cabeza. Una radiografía detectó que había un objeto en sus partes íntimas. Solo fue notificado cuatro días después.
Para la psicóloga Estefanía Paz, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de Guayaquil (Cepam), hay que trabajar en conjunto tanto en la denuncia como en la reparación, articulando esfuerzos desde el sistema sanitario, educativo, judicial y sociedad civil.
La técnica y el tiempo dependerán de cada caso. Quienes sobreviven a situaciones extremas de maltrato deben tener soporte a través de terapias, para superar el trauma y para evitar que reproduzca la violencia cuando crezca. Los parientes también necesitarán ayuda.
“Muchas familias en el Ecuador intentan transmitir normas a sus hijos a través del castigo físico, que son formas de maltrato que van escalando en gravedad. Hay que corregir estos antecedentes culturales”, dice Paz.
En las familias
Y para hacerlo recomienda optar por relaciones saludables en el hogar, dando apertura al diálogo y escuchando a los más pequeños, fomentando la confianza con los chicos y aportar por una crianza compartida entre la madre y el padre.
Para cambiar patrones de crianza, la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil realiza talleres familiares en los territorios más vulnerables. La semana pasada estuvieron en Posorja, una parroquia rural donde dieron pautas para crear entornos protectores. Este organismo también activa medidas de protección ante casos de maltrato.
“Erróneamente se cree que los golpes son una vía de disciplina”, dice Judith Gálvez, secretaria ejecutiva de la Junta Cantonal. “No hay que normalizar aquello y tampoco hay que caer en omisiones. Cuando un niño tiene ingresos dos o tres veces a un hospital porque ‘se cayó’ hay que denunciarlo”.
El pulso del bebé de año y medio era casi indetectable cuando lo hospitalizaron. Respirar se le dificultaba. Lo intubaron y medicaron. Nada pudo aliviar la severidad de las lesiones internas. Ahora su madre y su padrastro son investigados por el presunto delito de asesinato.