Unas 8 000 hectáreas de camaroneras deberán ser desalojadas en los próximos siete meses. Estas áreas corresponden a piscinas que se construyeron después de 1999 o que están asentadas en zonas protegidas.Los propietarios fueron notificados, durante marzo y abril, de que sus industrias camaroneras son ilegales porque las levantaron cuando ya era prohibido. De este grupo 5 000 están ubicadas en áreas protegidas.Un operativo conjunto comenzará el lunes en las zonas como la isla Puná y la Reserva de Manglares Churute (Guayas). Participarán la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea), Subsecretaría de Acuacultura, Ministerio de Ambiente y Cuerpo de Guardacostas. Durante un mes, los dueños de esos negocios no pudieron demostrar la legalidad del asentamiento. El director de Protección Ambiental Marino Costera de la Dirnea, Diego Rodríguez, dijo que los propietarios han mostrado apertura durante el proceso de notificaciones. En Puná ofrecieron que antes de la fecha de desalojo estarán fuera de los terrenos para evitar enfrentamientos.Según el subsecretario de Acuacultura, José Centanaro, otras 32 000 hectáreas están en revisión por tener procesos pendientes en el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario. El problema es que tienen adjudicaciones en tierras altas, pero están asentadas en playas y bahías. “En este caso no implica una reversión al Estado, solo debe pagar la tasa por ocupar zonas playeras”, indicó. Y 11 000 hectáreas aún son irregulares porque no ingresaron sus documentos hasta el 31 de marzo, que concluyó el plazo. Sin embargo, el martes último, en una reunión del presidente Rafael Correa con autoridades pesqueras y marítimas, se resolvió dar a este grupo 90 días más para que cumplan el trámite. Hay otro grupo que está con problemas. Son 50 000 hectáreas que tienen permisos caducados en la Dirnea o tienen atrasos en el Servicio de Rentas Internas o el Seguro Social. Rodríguez indicó que de 1 036 acuerdos emitidos, 692 están caducados. “Hemos entregado el listado de estas camaroneras a la Subsecretaría de Acuacultura para, en un plazo de 8 y 11 días, depurar la información y recibir las pruebas de descargo”. Las recientes resoluciones para ordenar este sector productivo fueron aceptadas por los gremios. Luis Mera Bermúdez, quien representa a 120 camaroneros de la provincia de El Oro con 3 500 hectáreas, dijo que está satisfecho con la nueva oportunidad que se le otorga a pequeños y medianos productores que no iniciaron el proceso de regularización. Aunque señaló un inconveniente: la restricción de información personalizada en la capitanía de Puerto Bolívar. “Cuando uno va a pedir información de su predio o pagar una tasa de concesión, allá sale bloqueada la información desde Guayaquil”, explicó Mera. La Dirnea ofreció liberar esta información, que tenía trato especial por ser algún usuario que incumplía con algún requisito.Cristhian Fontaine, presidente de la Cooperativa de Productores Camaroneros del Norte de Manabí, manifestó que de su gremio ya ha recibido 10 carpetas de igual número de camaroneros. Juntos tienen 20 hectáreas. “Desde mañana (hoy) se reinicia una campaña de información en la provincia, para que los pequeños camaroneras no pierdan esta oportunidad de legalizarse”.El próximo lunes se realizará una reunión entre la Dirnea y productores de Pedernales para asesorarles en las concesiones.