¡Entérate primero con El Comercio! Nuevo
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.
Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La Dirección General del Registro Civil denunció en la Fiscalía General del Estado el caso de un matrimonio entre un hombre con muerte cerebral y una mujer. El hecho ocurrió en Guayaquil, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), del IESS.
El paciente ingresó al nosocomio en agosto por un ataque con un arma de fuego. Luego de realizarle exámenes clínicos, de laboratorio y análisis de imágenes, los galenos declararon que el hombre, de 20 años de edad, tenía muerte encefálica por trauma craneoencefálico severo.
Sin embargo, el 27 de agosto se realizó el matrimonio civil mientras el joven se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Al día siguiente, el 28 de agosto, el hombre falleció.
El director del HTMC, Franklin Encalada, en rueda de prensa explicó que “las alertas saltaron porque el paciente, al ser joven, tenía en su cédula el registro de ‘donante voluntario’. Íbamos a hacer la ablación (extracción de órganos) para trasplantarlos en otro ser humano. En ese momento sale una dama y dice que es la esposa, cuando en la cédula dice que él es soltero (…) ahí nos enteramos de que el paciente era casado”.
El funcionario dio más detalles: “seguramente el paciente estaba intubado porque no tenía automatismo. Si estás en muerte cerebral no estás en condiciones para hacer algo voluntario”, refirió.
En la investigación para saber cómo se realizó el matrimonio, el hospital estableció que familiares del paciente pidieron el ingreso del pastor de su iglesia, quien quería visitar al paciente. Pero en el grupo ingresó un miembro del Registro Civil, quien realizó la unión civil con una mujer que estaba en el lugar.
El Registro Civil anunció que se investigan las circunstancias en que se produjo el hecho. En un comunicado, el organismo señaló que conoció el caso el 28 de agosto y de inmediato presentó la denuncia en la Fiscalía.
“Se denunció por un presunto delito de acción pública y corresponderá al fiscal competente investigar los hechos denunciados y determinar las responsabilidades penales, de ser el caso, como preceptúa el COIP”, puntualizó la institución.
En este caso se evidencia un fraude procesal y una mala utilización de documento público. Así lo indicó el abogado Jefferson Macías, en diálogo con EL COMERCIO.
Según el jurista, “también existe una complicidad entre todos los actores quienes han participado en este hecho: entre médicos, la persona que hace el trámite del casamiento y quienes permiten el ingreso”.
Macías puntualizó que este matrimonio no sería válido, pues uno de los requisitos para contraer nupcias es que la persona tiene que estar consciente de sus actos. “Y el señor ha estado con una incapacidad o una disminución mental. El delegado del Registro Civil tiene que haberse percatado de esta situación y rechazado este acto, pues no cumplía los requisitos legales”, manifestó.
También, dijo el experto, se debe establecer si existió una delegación por parte del Registro Civil para que el funcionario acudiera al hospital o si este salió sin autorización.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 327 (Falsificación de firmas) señala que “la persona que altere o falsifique la firma de otra en un instrumento privado recibirá una pena privativa de libertad de uno a tres años”.
Si la falsificación se da en un documento público la pena será de tres a cinco años.
Mientras que el artículo 328 (Falsificación y uso de documento falso) establece que “la persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales (…) será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.
Cuando se trate de documentos privados la pena será de tres a cinco años. El uso de estos documentos falsos, se sanciona con las mismas penas previstas en cada caso.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.