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Guayas, Sta. Elena y Manabí concentran 4 573 hectáreas de asentamientos irregulares

Norma Reyes y Patricia Herrera viven en la Cooperativa Jacarandá, en Guayas. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Ya sea en una pequeña carpa o en una casa construida a medias, los asentamientos humanos irregulares son una realidad que no ha podido erradicarse en el Ecuador.

En 2010 se estimaba que 2,8 millones de personas vivían en espacios precarios e ilegales, aunque la cifra podría incrementarse tras la pandemia, la migración venezolana, los desastres naturales y la falta de empleo.

La Costa es una de las regiones más críticas, según la Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stcpahi). Entre 2018 y 2021, de cada 100 asentamientos, 62 se encontraban en Guayas, Santa Elena y Manabí.

De las 46 083 estructuras (viviendas, carpas, etc.) notificadas en el país en este período, el 51% se localizaban en estas tres provincias (ver infografía). Estas ocupan 4 573 hectáreas.

A pesar de que en todos los casos se trata de gente que vive ilegalmente en terrenos no regularizados, para Alex Rojas, director de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), cada región tiene razones muy peculiares para la presencia de estos escenarios.

Según el funcionario, en la Sierra Centro hay el fenómeno de los asentamientos flotantes. En ellos, los campesinos se instalan en los centros urbanos por días o semanas hasta vender todos sus productos y volver a sus tierras.

Los datos que maneja la Stcpahi muestran que en Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua se han registrado 1 644,64 hectáreas para asentamientos irregulares, entre 2018 y 2021.

Procesos a largo plazo

La realidad de la Costa es la que más preocupa al director de la AME, tras dos años de pandemia. Las restricciones para operativos en los momentos críticos de la crisis sanitaria dejan conflictos entre las personas que se instalaron ilegalmente en esta región y que ahora son un problema para la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados.

En el periodo analizado, el Litoral concentró el 91% de las estructuras ilegales a escala nacional.

Recuperar una invasión es un proceso complejo que dura años. Una muestra de esto es la zona del actual parque Itchimbía, en el Centro de Quito.

Juan Maldonado, de 62 años, recuerda cómo era este sector a finales de la década de 1990. En ese entonces, el Itchimbía dejaba atrás su historia como zona de asentamientos ilegales tras casi un lustro de luchas entre gente que vivía en las invasiones y quienes se ubicaban en los barrios aledaños, como Juan.

Él ha vivido siempre en la calle Iquique, en la Tola Alta. Cuenta que en los años más fuertes de protestas, esta área fue una “zona roja, donde nadie quería entrar por temor a los asaltos”.

Los pobladores fueron reubicados en la zona oriental del parque, en multifamiliares. Tras varios años de remodelaciones, en 2004 este espacio reabrió sus puertas como un espacio verde de 54 hectáreas, con opciones para el deporte y la cultura.

Luego de dos décadas, Juan recuerda cómo eran esas construcciones hechas apenas con unos pocos palos, techos de zinc y mucho plástico, que funcionaba como paredes y puertas.

Zona conflictiva

Una de las zonas más conflictivas y mediáticas que está en proceso de ordenamiento territorial es Monte Sinaí, en Guayaquil. Según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), allí hay 21 060 predios en 782 hectáreas. A inicios de este año, la Cartera de Estado determinó que de 13 690 predios que deben ser legalizados, solo 10 890 cumplen los requisitos establecidos.

Para Santiago Viteri, especialista en planificación territorial, lo que sucede en Guayaquil no solo es un problema en el momento de dotar a esta población de servicios básicos.

A su criterio, la Unidad de Prevención de Invasiones y Asentamientos Ilegales de la urbe porteña tiene un reto por delante: frenar la tala de manglar en zonas que siguen atrayendo a traficantes de tierras para ofrecer promesas de terrenos por USD 500.