2 de October de 2011 00:07

Galápagos tiene su ‘Madrid chiquito’

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‘Madrid chiquito’. Así llaman a Puerto Ayora los ecuatorianos que, especialmente los últimos 15 años, desembarcaron en la capital de Santa Cruz en busca de un empleo para mejorar su economía.

Llegan seducidos por la imagen de bonanza de Galápagos, cuya principal fuente de ingresos es el turismo, que deja ganancias anuales de USD 400 millones, y que es fuente de empleo directo para el 33% de sus habitantes, según un estudio de Bruce Epler para la Fundación Charles Darwin.

Este fenómeno va de la mano con el aumento explosivo de turistas. Mientras en el 2000 arribaron 68 856 visitantes, el 2010 ingresaron 173 296. Casi el triple en una década. La población de las islas también se duplicó: creció de 10 000 a 22 970 habitantes, a los que se suman 6 000 residentes que viven y estudian en el exterior.

Aunque la Ley Especial de Galápagos, vigente desde 1998, regula el ingreso de turistas centenares de ecuatorianos se han quedado en las islas al margen de la ley. Esto empezó a visibilizarse a partir del 2007, con la llegada del actual Gobierno, que debió enfrentar ese año una drástica decisión de la Unesco: la inclusión de las islas en la lista de patrimonios naturales en peligro.

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Precisamente, una de las razones para esta medida -revertida en el 2009- fue la creciente inmigración a las islas que, desde mediados de los 90, desató un sinnúmero de alteraciones en el archipiélago en lo ecológico, económico, social, cultural… con la consecuente amenaza para su frágil ecosistema, considerado único en planeta.

El 2007 se detectaron 6 000 personas que residían en Galápagos en estado irregular. Entonces se inició un proceso de regularización: 2 800 personas entraron en este sistema a través de contratos temporales de trabajo, según fuentes del Consejo de Gobierno de Galápagos. Al Ecuador continental regresaron 2 500 personas y el resto ha ido saliendo.

En la práctica, no existe ningún impedimento para que los ecuatorianos visiten Galápagos, donde pueden ingresar libremente y permanecer como turistas tres meses. Esa facilidad, no obstante, tiene restricciones, pues quienes llegan como visitantes temporales no pueden trabajar.

Pese a esa medida, y a los operativos constantes que realizan las autoridades de Control de Residencias, la llegada de inmigrantes en busca de trabajo, de cualquier tipo, no ha cesado.

Aquí, el porcentaje de población ocupada es mayor que el continente en 12,8 puntos porcentuales, según el último Censo. Mientras en el archipiélago la tasa de desocupación fue del 4.9% en el resto del país llegó al 6.6%.

Pero esas frías estadísticas esconden dramas humanos. Un ejemplo es Nelson J., de 25 años, oriundo de la comunidad Salasaca, en Tungurahua. En febrero pasado, él viajó a Puerto Ayora, en busca de un empleo. Hasta el año pasado cursaba el tercer nivel de licenciatura informática en la Universidad Técnica de Ambato, pero abandonó esa carrera por falta de dinero.

Aunque llegó como turista, consiguió un empleo con la ayuda de una prima que vive en Santa Cruz. Llenaba los tanques de oxígeno que utilizan los turistas para los deportes acuáticos, de lunes a sábado, entre las 07:00 y las 17:00. Semanalmente le pagaban USD 130. Hace dos meses regresó a su pueblo, persuadido por los controles más severos.

Para volver Jerez necesitará un contrato de trabajo, que están tramitando su ex jefe y su prima.

Su caso, como muchos más, grafica lo que señala y concluye el estudio sobre la dinámica económica de las islas de Teodoro Bustamante, incluido en el Informe Galápagos 2009-2010. “La fuente de los problemas de la conservación en las islas está en el comportamiento humano, determinado fuertemente por la economía… En definitiva el actual modelo de desarrollo de Galápagos es generador de inmigración”.

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La vigilancia y el control

El seguimiento de los irregulares está a cargo de la Jefatura Provincial de Control de Residencia, que mantiene un sistema informático integral de registro, con los nombres de todos los visitantes. Eso les permite llevar un control detallado. “Hoy por hoy no hay ninguna persona que ingrese a Galápagos sin que nosotros lo sepamos”, asegura un funcionario.

Hasta agosto pasado fueron identificados y devueltos 703 ecuatorianos que se quedaron ilegalmente y ya no podrán volver, al menos en un año.

Frente a este fenómeno, Pedro Zapata, alcalde de Puerto Baquerizo Moreno, capital de San Cristóbal, cree que es indispensable endurecer la ley de Galápagos, para ir hacia una inmigración selectiva. De hecho, el Régimen ha elaborado un proyecto de reforma. Uno de los promotores es el asambleísta de País, Ángel Vilema, quien estima que en las islas viven 1 000 personas en estado irregular, y son corresponsables del deterioro acelerado del ambiente. También presentó su propuesta el legislador Alfredo Ortiz, en noviembre del 2010.

Carolina Valdivieso, titular de Control de Residencias, explica que la mayoría de migrantes irregulares se dedica a la construcción, el servicio doméstico y labores en restaurantes.

Hay muchos reincidentes, que suplantan identidades y llegan con cédulas de otras personas, especialmente de sus familiares.

Periódicamente, el personal de Residencias, especialmente en Santa Cruz y San Cristóbal, realiza verificaciones con el apoyo de la Policía y la Armada. Quienes son descubiertos violando su estatus de permanencia, son notificados y tienen un plazo de 48 horas para dejar las islas. En otros casos son detenidos y llevados directamente al aeropuerto, desde donde son devueltos al continente en el avión logístico de la FAE.

Eso lo vivió en carne propia Jorge S. Él se había quedado en Santa Cruz cerca de un año laborando como albañil, en los barrios La Cascada y Miraflores. Ganaba 25 dólares diarios, más del doble de lo que pagan en el continente.

Meses antes arribó su esposa, Carmen, de 35 años, para trabajar como empleada doméstica. Fue contratada por María G., quien es residente permanente en Santa Cruz desde hace más de 15 años. “Yo y mi esposo trabajamos, ninguno podía cuidar a mis tres hijos, por eso decidimos contratar a Carmen, quien recibía un mensual de 400 dólares. Aquí ningún residente quiere hacer labores domésticas”.

A mediados del 2009, Jorge fue detenido y devuelto al continente, con un grupo de indocumentados. Ese año -según datos oficiales- recibieron la notificación de abandonar Galápagos 853 ecuatorianos; 576 estaban en Puerto Ayora. En ese mismo período fueron devueltos a Ecuador continental 285 inmigrantes.

5 000 residencias están bajo investigación por anomalías

Alrededor de 5 000 residencias permanentes, otorgadas especialmente entre el 2003 y el 2007, están siendo auditadas en Galápagos.
Es decir, una sexta parte de las residencias expedidas por las autoridades en las islas.

Una de las primeras en alertar esa problemática fue  la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, quien en una entrevista con este Diario sostuvo que “han detectado  5 000 residencias permanentes, no debidamente motivadas, que están en revisión, y que al parecer no debieron emitirse”.

La mayoría de casos están en las islas Santa Cruz y San Cristóbal, donde las autoridades de Control de Residencias tienen indicios de que se han obtenido residencias, a través de matrimonios y uniones de hecho, arreglados económicamente.

En las islas están registrados  6 590 matrimonios y 2 863 uniones libres. 624 parejas se separaron y 379 se divorciaron.

Jorge Torres, gobernador de Galápagos y presidente del Consejo de Gobierno, confirmó que hay “un gran número de casos” que durante años han obtenido su residencia casándose. “La verificación toma tiempo porque hay matrimonios en los cuales  la pareja reside en otras ciudades del país. También nos ha tocado casos de residentes que viven en una isla y su pareja en la otra”.

Funcionarios del Comité de Residencias que trabajan en los seguimientos y pidieron no revelar su identidad por seguridad, contaron que en buena parte de los casos reciben denuncias de habitantes de las islas, sobre parejas que a los pocos meses de haberse casado se separan.  Luego de conocer las denuncias los funcionarios realizan inspecciones, hablan con los vecinos de las parejas y entrevistan a uno de los cónyuges, si aún vive en el lugar registrado como su residencia.

De hecho las verificaciones a las parejas pueden realizarse los cinco años siguientes, luego de concretarse el compromiso civil. Durante ese período deben mantener una relación de pareja, de lo contrario pueden entrar en un proceso de revisión e incluso de revocación de su residencia.  
El arreglo económico

En sus investigaciones los funcionarios han detectado casos en los cuales las residentes  se han casado con otros ecuatorianos que mensualmente les pagan entre USD 500 y 2000, hasta obtener formalmente su residencia. “Por denuncias conocí el caso de una residente que se divorció, volvió a casarse y recibió USD 10 000 de su nueva pareja. Lastimosamente, es difícil probar que existió el pago”, comenta un oficial.   

Aunque en el Comité de Calificación de Residencias, integrado por las principales autoridades de las islas,  no quisieron precisar cifras, se confirmó que hay varios procesos verificados, por lo cual se ha pedido el retiro de esas residencias. No obstante ninguna solicitud ha sido resuelta.  

“Se han iniciado procesos legales, pero son largos y complejos, tomarán su tiempo, subraya Torres, quien no ocultó su preocupación por la incidencia de los matrimonios convenidos para obtener la residencia. “Automáticamente, la esposa convierte al cónyuge en residente permanente y a todos sus hijos, eso ha ocurrido en varios casos”.

Por eso, las autoridades  de Galápagos han pedido que se amplíe, de cinco a siete años, el plazo por el cual un residente que contraiga matrimonio tenga una  residencia temporal.


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