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Familias piden que el Estado se responsabilice por muertes

Familiares de las víctimas en las masacres en la Penitenciaría del Guayas, han realizado plantones ante el Consejo de la Judicatura. Foto: Cortesía Derechos Humanos / Archivo

El pequeño tiene 11 años y aún no se atreve a visitar la tumba de su padre. La tristeza por su repentina muerte no ha disminuido. Especialmente, porque él le había prometido que pasarían juntos Navidad y Año Nuevo. De hecho, guardaba la ilusión de ir a la playa el 1 de enero. Esa era la tradición que tenían antes de que Leonardo, su padre, cayera en prisión.  

Todos esos anhelos se truncaron el 28 de septiembre pasado. El joven padre, de 31 años, fue uno de los 118 detenidos asesinados en la Penitenciaría de Guayaquil.  

Desde entonces, su familia busca respuestas por su muerte. Su esposa y amigos han realizado plantones para pedir que se esclarezca su crimen, pero hasta el momento no hay resultados. Lo último que supo fue que el caso estaba en investigación y aún no había responsables.  

Lo mismo le dijeron a la madre de Luis, otro privado de libertad que fue asesinado en la masacre de septiembre. Desde el funeral, la mujer de 55 años vela por sus dos nietos. Ella está pendiente de sus estudios y los ayuda económicamente con su trabajo de limpiar casas.  

El poco tiempo que le queda libre lo destina a mandar oficios a la Fiscalía. A través de los escritos pide que le informen sobre el estado de la investigación del asesinato. Ella quiere saber qué pasó ese día, cuando los miembros de otros pabellones invadieron las celdas y asesinaron de forma indiscriminada a los detenidos del pabellón 5.  

“¿Quién los dejó entrar? ¿Por qué no los detuvieron? Ese día murieron 118 personas. Tres meses después no hay culpables ni responsables. El Estado se olvidó de nuestros seres queridos. ¿Dónde está la justicia?”, dice la mujer que cada mes lleva flores a la tumba de su hijo, en el cementerio del Suburbio de Guayaquil.  

Los relatos de impotencia de las familias que perdieron a sus parientes en las cárceles se repiten en expedientes de la Defensoría del Pueblo y de organismos de Derechos Humanos. Estos, durante 2021, advirtieron que más de 315 personas fueron asesinadas dentro de las prisiones de Ecuador. La cifra más alta de víctimas mortales en la historia del sistema de rehabilitación social del país.  

De allí que han tenido acercamientos con autoridades estatales para pedir dos cosas: la primera es que la justicia esclarezca los hechos de cada una de las matanzas y a los responsables; tanto a nivel de autores, cómplices y funcionarios que incurrieron en negligencia. El otro aspecto es que se brinde una reparación integral a las familias.  
Para Billy Navarrete, presidente del Comité Permanente por los Derechos Humanos de Guayaquil, estos dos ámbitos son vitales para las familias. En especial para los niños y personas de la tercera edad que tuvieron graves secuelas psicológicas y médicas.  

“El Estado es responsable de la seguridad de las personas privadas de libertad. Es importante que no exista impunidad en estas muertes”, señaló.  

Lo mismo piensan los delegados de la Comisión de Pacificación de la Cárceles. Este ente, creado por el Gobierno, ha iniciado conversaciones con distintos actores de los centros carcelarios (detenidos, guías y directores). 

En el plan de trabajo de este grupo de comisionados también está previsto que se reúnan con las familias de las víctimas. La idea no es buscar indemnizaciones económicas, pero sí un acompañamiento del Estado a los familiares. Por ejemplo, activar planes para garantizar que los hijos de los fallecidos tengan acceso a una educación gratuita. Otra alternativa podría ser el acceso a empleos remunerados de las parejas de las víctimas. E incluso se analiza la posibilidad de un acompañamiento psicológico a los más vulnerables.  

El Ministerio de Salud ha confirmado que esto último se activó en las últimas matanzas de septiembre y noviembre. Sin embargo, las familias de los detenidos asesinados dicen que fue temporal y que no hubo un seguimiento.  
Por eso, la mayoría ha optado por especialistas privados o psicólogos de los colegios de los niños. Ese es el caso de los dos hijos de Raúl, un detenido que falleció en la cárcel de Cotopaxi, en febrero pasado.  

Ellos pasaron por más de seis meses en terapia. Su abuela cuenta que los dos pequeños lloraban todas las noches al pensar que desconocidos apuñalaron a su padre en todo el cuerpo. Junto a Raúl fallecieron 78 personas más. Hasta ahora no hay responsables de los hechos.

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