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La Corte Provincial de Guayas ordenó este jueves 11 de septiembre de 2025 el inicio de un juicio contra los exalcaldes de Durán, Dalton Narváez y Alexandra Arce, junto a nueve procesados más, por supuesto peculado en los contratos del sistema de agua potable El Chobo.
La Fiscalía General del Estado presentó un dictamen acusatorio que señala un supuesto perjuicio de 40 millones de dólares al Estado ecuatoriano debido a irregularidades en la contratación para la conducción de agua potable desde la parroquia El Chobo, en Milagro, hasta Durán.
La investigación apunta a que los contratos, firmados durante las gestiones de Arce (2014-2019) y Narváez (2019-2023), generaron sobrecostos millonarios y dejaron una obra inconclusa, sin funcionalidad.
La Fiscalía reveló que el proyecto, presupuestado inicialmente en 21,5 millones de dólares, alcanzó un costo de 39,9 millones, de los cuales la empresa Eseico S.A. recibió 31 millones por una obra que no opera.
Los contratos, suscritos por Alexandra Arce en 2014 y complementados en 2017, presentaron supuetas anomalías como estudios desactualizados y falta de calificación de oferentes.
Por su parte, Dalton Narváez enfrenta cargos por no declarar la paralización de la obra en 2019, acción que postergó hasta 2021, lo que agravó el perjuicio económico.
El Banco de Desarrollo del Ecuador exigió al Municipio de Durán la devolución de 23,2 millones de dólares tras la terminación unilateral de los convenios de financiamiento.
La Corte Provincial de Guayas, liderada por el juez Francisco Morales, dictó el llamamiento a juicio de los exalcaldes y otros exfuncionarios y contratistas del Municipio de Durán. Este proceso legal se ha suspendio en varias ocasiones.
Además, la Fiscalía apeló oralmente el sobreseimiento de dos procesados, Carlos J. y Fausto M., al considerar que existen elementos para incluirlos en la causa.
Actualmente, Narváez permanece detenido tras su deportación desde Colombia el 8 de enero de 2025, mientras que la defensa de Arce, exasambleísta por el correísmo, solicitó arresto domiciliario por supuestos problemas de salud.
La investigación continúa con pericias contables y de construcción que respaldan las acusaciones. La Fiscalía destacó que la obra inconclusa dejó a Durán sin el servicio de agua potable prometido.
El delito de peculado prevé penas de 10 a 13 años de prisión, según el Código Orgánico Integral Penal
(COIP).
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